Con un completo análisis sobre la dinámica de las tutelas de salud en el país, la entidad, encargada de velar por los derechos humanos, evidenció que la Acción de Tutela es el mecanismo con el que los ciudadanos obtienen los servicios de salud, los cuales, además, están contemplados en el POS. Por tanto, recomendó que se mantenga como está y pidió al Estado ejercer la vigilancia a la que está obligado.

Un llamado al país, y concretamente al Congreso de la República, hizo la Defensoría del Pueblo al presentar el séptimo informe sobre 'La tutela y el derecho a la salud' 2012, documento que revelo la vulneración sistemática al derecho a la salud.

En su concepto, los proyectos de ley que cursan en el Congreso, tanto la Ley Estatutaria como la Ordinaria, deben "mantener la Acción de Tutela sin modificaciones ni límites, de tal forma que los ciudadanos puedan seguir acudiendo a ella cuando cualquier entidad, pública o privada, intente violar sus derechos fundamentales".

A dicha conclusión llegó después de analizar el funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud y corroborar que "esta acción judicial sigue siendo el mecanismo más utilizado por los ciudadanos para lograr la efectiva protección de sus derechos fundamentales", como señala el texto.

Después del derecho de petición, el derecho a la salud es el más invocado en las tutelas del país. En el 2012 representaron el 26,94 % del total. El año pasado se registró el segundo número más alto de acciones de tutela interpuestas por los colombianos para reclamar servicios de salud, desde que se creó este instrumento en 1992.

En el 2008, se presentaron 142.957 tutelas para invocar el derecho a la salud, lo cual llevó a la Corte Constitucional a expedir en ese año la sentencia T-760. Se esperaba que con esta supertutela (como se conoce), las acciones de tutelas fueran en descenso, pero esto se cumplió parcialmente durante los años 2009 y 2010 donde se presentaron 100.490 y 94.502 tutelas respectivamente. Sin embargo a partir del año 2011 las acciones de tuteas se incrementaron, muestra de ello es que en el 2012 se registraron 114.313 acciones, reflejando nuevamente fallas en la prestación del servicio de salud.

"La rama judicial está coadministrando la salud; hoy son los jueces quienes, a través de las tutelas, resuelven los problemas de salud de la gente", señaló el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, al darse a conocer los resultados.

Igual hizo el documento en mención: "Las cifras indican la existencia de un claro desequilibrio entre la capacidad del Estado para inspeccionar, vigilar y controlar a los actores del Sistema de Seguridad Social en Salud, y la posición que estos últimos ocupan en ese contacto diario y directo con las solicitudes de atención que realizan los ciudadanos. Es evidente que las personas accionan la tutela por la ineficacia del aparato estatal para controlar en tiempo real, que dichas prestaciones y/o conflictos que surgen alrededor de las mismas, tengan como fuente resolutiva los mandatos constitucionales y legales que garantizan el goce efectivo del derecho fundamental a la salud".

El informe refleja una situación irregular: el mayor número de tutelas (70,93%) se da para lograr que a los ciudadanos se les presten procedimientos, medicamentos y tratamientos a los que tienen derecho porque están contenidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y han sido cancelados mediante el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Las EPS son las entidades que más reciben reclamos por este hecho, casi ocho de cada diez tutelas interpuestas son contra estas entidades, seguidas por los entes territoriales. Antioquia, Valle, Caldas, Santander y Bogotá concentran el 56,27% de las tutelas, pero proporcionalmente los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia y Norte de Santander son los que tienen el indicador más alto de tutela por cada 10 mil habitantes. En cuanto al régimen, el Subsidiado es el que presenta el mayor número de tutelas con 75,59 %.

"La alerta que a nuestro juicio genera el cúmulo de cifras y porcentajes que se presenta, nos obliga como Defensoría del Pueblo a trabajar armónicamente con las demás entidades involucradas, para concretar los principios que rigen la actividad administrativa, en la implementación de un sistema efectivo de inspección, vigilancia y control que responda a la magnitud del problema con acciones y procedimientos concebidos con celeridad, economía, coordinación y eficacia, entre otros", señala el documento.

Y más adelante agrega: "La tutela seguirá salvando la vida y recuperando la dignidad de miles de ciudadanos que acuden a este mecanismo que, tratándose del derecho a la salud, ha permitido materializar la justicia social que tanto anhela nuestra sociedad. Es por ello que antes de pensar en la limitación de esta figura constitucional, resulta necesario crear mecanismos efectivos que resuelvan los problemas de salud de los usuarios, evitando llegar a la interposición de tutelas como única garantía de protección del derecho fundamental a la salud. Igualmente, es imperioso que las entidades condenadas en una sentencia de tutela se concienticen de la obligatoriedad de cumplir con estos fallos, sin que los usuarios tengan que interponer incidentes de desacato".

El informe de la Defensoría del Pueblo, plasmado en un libro de 247 páginas, también evidencia una situación especial en relación con el incremento significativo de las tutelas en salud interpuestas contra el Inpec. El Instituto recibe, en promedio, una tutela cada cuatro horas.

En general, el documento incluye los temas más debatidos en el sector salud en el último año, e incluso en algunos hace observaciones y sugerencias. Por ejemplo, recuerda los criterios decisorios adoptados por la Corte Constitucional en el 2012, en las distintas sentencias de tutela, para proteger el derecho fundamental a la salud, de tal forma que los jueces de primera instancia los tengan en cuenta en sus fallos. Criterios como las acciones de tutela en los modelos de medicina prepagada, el médico tratante es el profesional idóneo para determinar si un servicio de salud asistencial es requerido o no por un usuario, pensión de invalidez en personas con enfermedades crónicas y degenerativas, farmocodependencia, protección especial a persona con VIH/Sida.

De igual forma, hace unas observaciones al proyecto de Ley Estatutaria y señala debilidades, fortalezas y aspectos por definir del proyecto de Ley Ordinaria, entre otros. Es decir, un documento que seguramente será de permanente consulta.

El Ministro de Salud analiza el informe

Por su parte el Dr. Alejandro Gaviria, Ministro de Salud y Protección Social, en su intervención durante la entrega el séptimo informe sobre 'La tutela y el derecho a la salud' 2012 hace referencia puntual a los siguientes aspectos:

1. Se identifica claramente en el informe que el año 2012 presenta el segundo número de tutelas después del año 2008, eso es cierto, pero es necesario observar como "la participación de las tutelas en salud ha disminuido". En este sentido, se nota un quiebre a partir del año 2008, pasando de 41,50% de participación a 26,94% en el año 2012. Ello refleja que hay un escenario distinto derivado de algunos cambios estructurales en el sistema de salud.

2. Otro aspecto muy importante que señala el Ministro y que no se identifico en el informe, es conocer a quien beneficia la acción de tutela. Al respecto, señala que si bien los departamentos con mayor número de tutelas son Antioquia, Valle y Caldas, son los ciudadanos que viven en sus capitales, Medellín, Cali y Manizales respectivamente, los que se benefician con esta acción. El otro aspecto muy importante para señalar esta relacionado con las tutelas interpuestas por lo No POS. Esto se puede relacionar con los recobros por este mismo concepto, es decir, procedimientos No POS. Se observa entonces que el 50% de recobro No POS esta concentrado en el 20% más rico de la población. En conclusión la tutela en Colombia esta beneficiando al grupo de población ubicados en los quintiles más altos de la población.

3. Otro aspecto esta relacionado cuando se analiza el dato de tutela en cada EPS por cada 10.000 afiliados, es importante decir que de las 15 EPS que tiene más tutelas muchas estan ya intervenidas o han sido liquidadas.

4. Es necesario, explica el Ministro, tener en cuenta lo importante que es la interpretación de algunos de los datos que estan en el informe. Al respecto, hace referencia que cuando se cita que en el régimen contributivo el 85,67% de las tutelas corresponden a tratamientos incluidos en el POS, y que en su mayoría corresponden a "tratamientos integrales", es muy difícil determinar si es o no POS, ya que la integralidad pueden caber medicamentos o dispositivos No POS. Por eso hay que leer con detenimiento cuando este estudio dice que los "tratamientos integrales" hacen parte del universo del POS.

5. En lo relacionado con las terapias ABA no incluidas en el POS, donde se observa claramente que hay un incremento, y de que no cuentan con la evidencia científica ampliamente aceptada, (donde aún hay mucho por indagar sobre la eficacia y efectividad del tratamiento), lo más preocupante y por eso hace un llamado para revisar el direccionamiento de estas terapias, ya que pueden estar favoreciendo interés particulares de quienes toman estas decisiones.

Para terminar, el Ministro comparte, en términos generales, las recomendaciones que hace la Defensoría en este informe.

Qué se dijo en medios

"Los resultados del informe son graves, toda vez que se niega de oficio hasta lo más básico. Pone en evidencia el hecho de que las medidas adoptadas en los últimos años para conjurar la crisis del sistema de salud, no han servido. Se trata de un argumento más para reformarlo desde sus estructuras", Fernando Sánchez Torres, presidente de la Academia Nacional de Medicina y vocero de la Junta Médica Nacional, en El Tiempo.

"Resulta preocupante que siete de cada 10 solicitudes de tutela que invocan el derecho a la salud sean para reclamar lo que ya está incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y que las EPS deberían suministrar sin disculpas", Jorge Armando Otálora Gómez, defensor del Pueblo, en La Opinión.

"Es una radiografía clara de la realidad que enfrentan pacientes y afiliados del sistema. Desnuda la inutilidad de las reformas y medidas tomadas durante 20 años para hacer que este sistema funcione de manera coherente y eficaz, en beneficio de la gente", Laura Milena Ramírez, vocera de Pacientes Colombia, en El Tiempo.

"Estos informes son de mucha utilidad para las EPS. Eso es innegable. Nos indican puntos sobre los cuales es necesario hacer ajustes y correcciones", Jaime Arias, presidente Acemi (agremia a mayoría de las EPS del contributivo), en El Tiempo.