A pocos días de que acabe el periodo legislativo en el Congreso de la República, la suerte de la norma es incierta, por cuenta de las demoras en el inicio del debate de la misma. ¿Qué pasa con este proyecto?

La falta de tiempo ya da por hundidas varias iniciativas radicadas en las comisiones primeras de Senado y Cámara que eran fundamentales para el país. La segunda vuelta de alcaldes y gobernadores, las facultades extraordinarias para la Fiscalía, los proyectos de eutanasia y la circunscripción mixta se perfilan como las primeras víctimas.

La misma suerte correría tanto la ley estatutaria de salud como la del fuero militar, aunque esta última va un paso adelante, pues el debate sobre el proyecto que busca reglamentar la justicia penal militar, ya comenzó.

Actualmente existen dos ponencias para iniciar los debates de la ley estatutaria en salud. Las dos basadas en el proyecto 209 que tiene mensaje urgencia por parte del Presidente de la República. Una en Senado, cuyo ponente es la senadora Karime Motta, y otra en Cámara, cuyos ponentes son los representantes Adriana Franco y Gustavo Puentes.

Ambas iniciativas se basan en los 14 puntos radicados inicialmente por la Gran Junta Médica Nacional, en los que se expone a la salud como un derecho fundamental, cuya garantía es responsabilidad absoluta del Estado. Este lo garantiza de manera individual y colectiva a todos los habitantes del país, sin distingos, a través de un aseguramiento social que no tiene intermediación financiera y cubriendo todas las necesidades de la gente. El aseguramiento se fundamenta sobre la estrategia de atención primaria y se proyecta a través de redes integradas de servicios, en las que se utilizan dineros públicos para financiar la salud que son manejados través de un fondo único.

El articulado también habla del respeto por la autonomía profesional, la consideración sin distingos de todos los componentes de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento, la rehabilitación y el cuidado paliativo de las personas tanto en lo individual como colectivo y un tratamiento especial para las regiones dispersas.

La propuesta de la senadora Motta también recoge parte de un primer proyecto que ya había sido radicado por el senador Luis Carlos Avellaneda; mientras que la de los representantes Franco y Puentes incluye apartes de otra propuesta previa encabezada por el senador Armando Benedetti, así como mociones del Gobierno nacional.

Carlos Francisco Fernández, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y miembro de la Gran Junta Médica Nacional, manifestó en entrevista con Así Vamos en Salud que el hecho de que las dos ponencias tengan como base los puntos presentados por la Gran Junta Médica Nacional –de la cual hace parte la organización que él dirige y que integrada por 63 sociedades médicas de especialistas–, lo hacen sentir optimista porque por primera vez, basados en la responsabilidad social que tienen con el sector y en especial con sus pacientes, los médicos creen que pueden llegar a acuerdos para avanzar hacia la solución de los problemas estructurales del sector.

"Lo importante es que las dos ponencias le apunten a hacer explícito el derecho fundamental a la salud bajo la responsabilidad absoluta del Estado, eliminando la intermediación financiera y financiándolo con dineros públicos. Que se garantice la provisión de los elementos necesarios, para garantizar la salud individual y colectiva de todas las personas sin distingos, en un marco de integralidad y con respeto de la autonomía profesional. Todo al tenor del Estado social de derecho. La responsabilidad está en manos del Congreso de la República y los parlamentarios deben en este momento mostrar su grandeza", aseguró Fernández.

El Presidente de la Asociación de Sociedades Científicas señaló además que es prioritario superar las diferencias y sacar adelante la ley. Recordó que aunque en los últimos años el Gobierno ha adoptado medidas para remediar los males más apremiantes del sector –como la mejora en el flujo de los recursos dentro del sistema, el inicio de los giros directos a los hospitales y la unificación de los planes de salud de los regímenes Subsidiado y Contributivo –, a juzgar por las quejas escuchadas en encuentros del sector (en los que han participado pacientes, médicos y representantes de hospitales y EPS) y por el gran número de tutelas presentadas, las medidas no han bastado. "La puesta en marcha de una reforma exige darles un marco jurídico a cambios que no dan espera. Se debe reformar porque la salud como derecho fundamental se sigue violando de manera sistemática. Hay que reconocer que el sistema no nació como un derecho sino que ha evolucionado hasta convertirse por conexión con la vida y por jurisprudencia en un derecho fundamental", dijo.

Sin estatutaria, la ordinaria estaría al borde del abismo

La importancia de que la ley estatutaria sea aprobada antes del 20 de junio próximo, día en que terminan las sesiones ordinarias, también radica en darle paso a la ley ordinaria, que busca redefinir el Sistema de Salud en Seguridad Social.

Según Fernando Sánchez, presidente de la Academia Nacional de Medicina, "se está jugando el primer tiempo, que es el que corresponde a la aprobación de la ley estatutaria. Ocurrida esta, se jugará la segunda parte, en la que estará en disputa la ley ordinaria y en la que deberán hacerse los cambio tácticos que una estrategia inteligente aconseje. En buena hora se llegó al acuerdo de comenzar el partido jugando el primer tiempo, y no la etapa complementaria, como proponían algunos", escribió en una columna de opinión en El Tiempo.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, en entrevista con la W radio afirmó que la ley estatutaria es el "estatuto del derecho a la salud de los colombianos, es la columna vertebral de cómo se va garantizar el servicio".

Finalmente, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, expresó su preocupación por la posibilidad de que se hunda el proyecto. "Si no comenzamos a votar en las comisiones conjuntas primera de Senado y Cámara la semana entrante, va a ser difícil aprobarlo", señaló al finalizar una audiencia pública en el Senado.

Una ley estatutaria es aquella que la Constitución establece taxativamente. Tiene una categoría superior a los demás tipos de normas y debe surtir un trámite especial para su expedición por su relevancia jurídica. Para su aprobación requiere la mitad más uno de los miembros del Congreso, es decir de Senado y Cámara conjuntas, y una revisión previa de la Corte Constitucional. Un trámite complejo para tan corto tiempo.