El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, habla de las dificultades de su cartera y de las medidas que está tomando para enfrentar los grandes problemas que atraviesa el sector.

MARÍA JIMENA DUZÁN: Causó sorpresa una frase que usted dijo hace poco en el Congreso. "Algo muy malo tuve que haber hecho en el pasado para que me hubieran nombrado ministro de Salud". Me sonó como si estuviera a punto de tirar la toalla. ¿Son tan grandes los intereses que hay en el Congreso en contra de la reforma de Salud?

ALEJANDRO GAVIRIA: La frase no es mía. Se la escuché a un ministro de un país europeo. Este no es un trabajo fácil, María Jimena. Yo diría que tiene dos problemas. El primero es conceptual y tiene que ver con el hecho de que uno como ministro tiene más poder simbólico que real. El otro tiene que ver con la situación política. A veces me he sentido entre dos fuegos: de un lado unos ideólogos radicales y del otro la política tradicional. Sin embargo, no me voy a quejar, ni mucho menos. De hecho estoy aquí lidiando con todas esas dificultades que eran obvias de antemano.

M. J. D.: Al fin qué: ¿va a acabar con las EPS o las va a transformar en lo que usted llama las Empresas Gestoras de Salud (EGS)?

A. G.: Creo que debe haber una reestructuración de fondo de las EPS. Unas, las mejores, se podrían convertir en EGS. Otras tendrán que ser liquidadas.

M. J. D.: Hablando de EPS en liquidación, el superintendente de Salud salió este viernes a anunciar la liquidación de Solsalud, una EPS seriamente cuestionada. ¿Por qué se demoraron tanto en tomar esa decisión?

A. G.: Puede que nos hayamos demorado un poco en tomar esa medida, pero tuvimos que enfrentar varias dificultades. Solsalud tiene un millón de afiliados en el régimen subsidiado y nuestra principal preocupación era saber quién iba a asumirlos para que no se quedaran en el aire. Además, cuando yo entré al ministerio el régimen subsidiado estaba en crisis.

Varias EPS estaban de salida y tres se encontraban en proceso de liquidación complicados: Selva Salud, que estaba en manos de políticos y que operaba en el Putumayo, Salud Cóndor, que también era un foco de corrupción y Emdisalud, que había tenido nexos con los paramilitares en Córdoba. La liquidación de estas entidades ha sido un proceso mucho más difícil de lo que imaginé porque ha sido torpedeado de varias maneras. Hay una juez segunda laboral de Cali que con tutelas ha impedido sistemáticamente la liquidación de Selva Salud y de Salud Cóndor. Detrás de ella hay políticos.

M. J. D.: Eso mismo denunció en Blu radio el superintendente de Salud. Dijo que la congresista Karime Motta, Roy Barreras y Antonio Correa estarían detrás de Solsalud y se le vino el mundo encima. ¿Es eso cierto?

A. G.: El superintendente denunció presiones políticas. En el ministerio estamos convencidos que el nombramiento de interventores debe estar por fuera del ajedrez político. En la reforma a la salud se propone un cambio de fondo en el régimen de intervenciones.

M. J. D.: ¿Qué impediría que las EGS no sean capturadas por los políticos como ha sucedido con la mayoría de las EPS?

A. G.: Hay por lo menos cuatro factores que lo impedirían. El primero es que las EGS solo podrían funcionar en un territorio específico. Se acabaría la posibilidad que tienen hoy las EPS de tener afiliados en todas partes a pesar de no tener contratos permanentes con los hospitales. Eso le pasó a la niña Paula Sofía que estaba afiliada a Solsalud y que murió sin que la pudieran atender. Ningún hospital la recibió porque o no había pagado o no tenía una red abierta. Para eso hemos dividido el país en unas áreas de gestión y ahí tiene que haber un mínimo de afiliados por EGS para acabar de una vez por todas con las EPS de garaje.

Segundo, no van a manejar la plata, como sucede ahora, sino que esta va a ser girada directamente a los hospitales desde un gran fondo estatal que es Salud Mía. Tercero, van a ser remuneradas por los resultados en salud. Si la gente no tiene acceso o se enferma más de la cuenta, no serán viables. Y cuarto, va a haber riesgos compartidos. Es decir, que una parte del tratamiento de los pacientes de alto costo va a ser asumido por Salud Mía y se evitaría lo que sucede ahora, que es que las EPS tratan de deshacerse de los pacientes más costosos. Si a esto le agregamos una Superintendencia fortalecida, creo que se puede dar un cambio de fondo a la salud.

M. J. D.: Usted propone crear una entidad que es Salud Mía, la cual reemplazaría al desastroso Fosyga. Si hubo problemas manejando solo el 30 por ciento de los dineros de la salud, ¿cómo serán los atascos si los maneja todos?

A. G.: El Fosyga lo manejaba una dirección del ministerio poco visible y por lo tanto más capturable. Otro de los problemas es que el Estado delegó funciones de administración en fiducias y por eso la reforma busca que esta entidad sea transparente, tenga una junta directiva y no delegue en fiducias el manejo de esos dineros. Esa transparencia se logra también con el nuevo Plan de Beneficios que acaba con el POS, que suprime las zonas grises y nos saca de la discusión de si una droga está o no está incluida.

M. J. D.: ¿Y cómo va a controlar el precio de los medicamentos?

A. G.: Con el nuevo Plan de Beneficios el Estado necesita tener un mayor control sobre las nuevas tecnologías y los medicamentos. Y para eso estamos haciendo cuatro cosas: en 15 días vamos a sacar una circular para comentarios en la que se controlan de manera estricta los precios de los medicamentos. Si nosotros no tenemos precios controlados, el nuevo plan va a resultar impagable. La reforma elimina la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos para que sea el Ministerio de Salud el que fije los precios. Antes de otorgar una patente en salud, la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá que pedirle un concepto al Ministerio de Salud y por último toda la información sobre el precio y el uso de los medicamentos será de interés público.

M. J. D.: ¿Cuánto costaría ese nuevo Plan de Beneficios?

A. G.: No es mucho más caro que lo que ya se estaba pagando con el sistema actual. El tema que me preocupa es otro. Se está liquidando Solsalud y tiene deudas por más de 100.000 millones de pesos con la red hospitalaria pública y privada. Lo mismo sucede con las EPS que mencioné ahora para no hablar de otras que podrán salir del sistema.

M. J. D.: ¿Quién va a pagar por esas deudas?

A. G.: Patrimonialmente estas EPS no tienen los recursos para cumplir con sus obligaciones y ahí podría haber un hueco. La reforma contempla un fondo para ayudar no a las EPS, como se ha dicho, sino a los hospitales. El tema es complejo. No lo niego.

M. J. D.: ¿Qué va a pasar con Saludcoop, con Caprecom y la Nueva EPS?

A.G.: Saludcoop fue intervenida por el gobierno hace dos años. Y hemos estado sopesando todas las posibilidades pues tiene varios millones de afiliados. Y dado este momento difícil del sistema de salud nos estamos inclinando por prorrogarla un año más. Con Caprecom estamos pensando que la mejor opción en el mediano plazo es la liquidación, pero también tiene más de 3 millones de afiliados. La Nueva EPS sí está fortalecida y la vería jugando un papel como EGS.

M. J. D.: Sigue insistiendo en que el dinero del régimen subsidiado se los va dar a los alcaldes y a los gobernadores. ¿Eso no es como ponerle el queso a un ratón?

A. G.: Si se cumplen algunas condiciones en materia de capacidad operativa y de independencia, sí se los daría. Las ventajas son varias: se articularía más la red pública de hospitales con el régimen subsidiado y al darle el manejo del poder de los dineros de la salud a los alcaldes y gobernadores, ellos tendrían que rendirles cuentas a sus electores. Si ellos no cumplen y se roban la plata, deberán responderle a quienes los eligieron y a las autoridades.

M. J. D.: ¿Puede pasar una reforma a la salud que busca reestructurar las EPS cuando en la Comisión Séptima hay congresistas que tienen intereses en muchas de esas EPS que usted está liquidando?

A. G.: Creo que la posición de los congresistas en este momento frente a la reforma de la salud es de expectativa. Yo no he notado una oposición de frente. Por lo pronto diría que el presidente de la Comisión Séptima, el senador Ballesteros, ha apoyado la reforma.

M. J. D.: Pero para nadie es un secreto que en esa comisión anidan también los políticos con claros intereses en el sector de la salud.

A. G.: Seguramente eso que usted dice es cierto. Pero yo también creo que hay una gran demanda ciudadana por la reforma y una indignación colectiva en el tema de la salud y que es necesario hacer algo. El momento político no es fácil, pero yo, viniendo de donde vengo, sigo creyendo en el poder de las ideas y sigo pensando que con argumentos uno puede ganar este debate. No se trata de discutir una reforma con el Congreso sino con otros escenarios propios de la opinión pública. Uno debe ir convenciendo a los escépticos y cambiando lo que se tenga que cambiar y eso es lo que estamos haciendo en las audiencias públicas.

M. J. D.: ¿Y no teme que la reforma termine como acabó la reforma a la Justicia?

A. G.: Estaremos alerta. Yo voy a tener control sobre mi computador y no voy a soltar el articulado para evitar que se vuelva un monstruo. En el momento en que yo sienta que empieza a cambiar, tendré que salir a decir que hasta aquí llegamos.

M. J. D.: Esos intereses políticos que han capturado la salud son tan poderosos que hasta tumbaron a su antecesora, la exministra Beatriz Londoño. ¿No le da temor que pase lo mismo?

A. G.: Pues sí, ella fue bombardeada por temas muy complejos. Yo creo que se ha ido conformando en la salud un sector privado muy voraz que ha ido de la mano de unas grandes fallas de Estado. Y la reforma no debe casarse ni con todo lo privado ni con todo lo estatal.

M. J. D.: No me respondió. ¿No le da miedo que lo decapiten como le sucedió a Beatriz Londoño?

A. G.: Pues si eso pasa, caeré luchando por una buena causa.

Tomado de: www.semana.com