Más acción, menos discurso
Señores parlamentarios:
La obesidad es una epidemia que crece aceleradamente en la sociedad colombiana. El 51 por ciento de la población tiene exceso de peso, y el 16 por ciento es obeso. Un problema de salud pública, pues es un factor de riesgo para el infarto cardíaco, el derrame cerebral, la diabetes y la hipertensión arterial, que se cuentan entre las primeras 10 causas de mortalidad general en el país.
La obesidad se relaciona con el consumo de azúcares y el sedentarismo. También con el consumo excesivo de grasas o alcohol, que se lista, además, entre los factores de riesgo para padecer esas enfermedades crónicas. Los costos para la salud de las personas son inmensos y para el sistema de salud igual. Ejemplo puntual: el 80 por ciento de los 30 mil pacientes en diálisis o trasplante renal llegaron a esa condición, consecuencia de diabetes o hipertensión arterial; o de ambas. El gasto anual por atenderlos es mayor a 1 billón de pesos. Además, el 76 por ciento de la carga de la enfermedad por años de vida saludable perdidos, corresponde a problemas por enfermedades crónicas.
Los buenos hábitos de vida constituyen uno de los pilares para una existencia saludable y son un arma eficaz para combatir la obesidad y las enfermedades referidas. El informe Lalonde, ícono salubrista canadiense, señala que el estado de salud de un individuo está influenciado en 43 por ciento por su comportamiento personal, y apenas en 11 por ciento por los servicios de su aseguradora y hospital. Los hábitos de vida se inducen mediante incentivos y muchos los debe regular el Estado.
En el 2009 se expidió la Ley 1355, que definió la obesidad como una enfermedad crónica de interés en salud pública y de atención prioritaria. Mediante la norma se deben adoptar medidas para su prevención, atención y control. De esta forma, se hace necesario establecer regulaciones en el etiquetado de los productos alimenticios para el consumo de azúcares, grasas trans y saturadas; se requiere promocionar una dieta saludable en centros educativos y establecer mejores pautas de publicidad y mercadeo de alimentos y bebidas en medios de comunicación, y es preciso activar la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, creada por el Conpes 113 de 2008.
Hay que ir más lejos. La ingesta de una alimentación inadecuada disminuye si a las personas les cuesta más consumirla, y a la vez se les educa sobre una alimentación sana y balanceada. La discusión se centra en el Congreso de la República sobre gravar con impuestos las bebidas con alto contenido calórico por azúcares y la denominada comida ‘chatarra’, que contiene elevados niveles de grasas indeseadas. Desde la salud pública no existe duda sobre la importancia de hacerlo. Como tampoco sobre incrementarlos para tabaco y alcohol, que, de igual manera, son factores de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas. Las experiencias en diversos países son significativas sobre mejoras en los comportamientos saludables que se logran con medidas semejantes.
Son múltiples los estudios académicos, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización Panamericana de la Salud (OPS), y otras entidades que demuestran todo lo que aquí está dicho y, aún más. Muchos años de investigaciones científicas en la materia. No se trata de evaluaciones hechas para una legislatura por grupos con intereses económicos. La prevención de las enfermedades y la promoción de la salud no pueden seguir siendo un discurso bonito; se habla mucho de su importancia y la tiene. Esta es una oportunidad de enviar un mensaje fuerte y generar incentivos desde el Congreso de la República para impulsarlas en realidad y para que dejen de ser palabras vacías.
Ustedes, los parlamentarios de este país aprobaron recientemente, y de manera afortunada, el uso medicinal de la marihuana; con razón, pensaron en el bienestar de las personas ante el dolor y el sufrimiento. Ahora, el impacto de una adecuada legislación, que disminuya el consumo de bebidas azucaradas, grasas, tabaco y alcohol, será mucho mayor para que la población sea más sana, educada y productiva.
Por eso el ministro de Salud Alejandro Gaviria tiene total razón al insistir en gravar con impuestos esos productos. El sector salud lo respalda plenamente en este esfuerzo. Ustedes tienen la palabra y la oportunidad de actuar.
Fuente: Columna de opinión tomada de Portafolio