¿Qué se encargue la abuela?

El tema del programa de televisión “Séptimo día” sobre “Esterilización: Capacidad o Derecho”, emitido el pasado 4 de septiembre genera varias reflexiones. Las abordaré advirtiendo un posible conflicto de interés; tengo una hija en condición de discapacidad.

Muy respetable la decisión de quienes acompañan que sus hijos con discapacidad cognitiva puedan concebir y están dispuestos a apoyarlos en la crianza. Quizá aquí hay un punto clave para que atendamos adecuadamente una decisión de esta magnitud. ¿Debe ser una disposición de familia? ¿Es la familia la que debe aceptar asumir la responsabilidad?

El análisis de este tema, debe ir más allá de la dicotomía de dos extremos excluyentes al que se le pretende reducir: en uno, reconocer el derecho de la población con discapacidad cognitiva a tener hijos; en el otro, esterilizar a dicha población. Demasiado simplista y peligroso. La educación sobre una sexualidad saludable requiere involucrarse en la reflexión y tener en cuenta las diferencias que pueden existir entre la discapacidad física, sensorial o cognitiva. Además, los derechos de los niños por nacer no se pueden dejar a un lado y tampoco es dable olvidar que el reconocimiento de un derecho implica deberes y responsabilidades.

Los grandes esfuerzos que realizan el Ministerio de Salud y el ICBF para disminuir la incidencia de embarazos en adolescentes, entre otras razones porque perpetúa la pobreza, pueden verse reducidos ante la apertura de espacios en medios de comunicación a jóvenes menores de 21 años, en condición de discapacidad cognitiva, para que exijan el derecho a tener hijos sin analizar el contexto.

Las voces de expertos que expresan argumentos en contra de permitir el embarazo en estas poblaciones con discapacidad cognitiva, no pueden estigmatizarse como promotoras de la esterilización y menos como si esta fuera la única opción alterna que pueden ofrecer al derecho referido. Creo que la mayor preocupación de esos expertos no radica en que se transfiera la discapacidad a la siguiente generación.

Ellos se preguntan, con razón, si las personas en condición de discapacidad cognitiva están en capacidad de responsabilizarse por sus hijos. ¿Comprenden lo que significa ser padres o tienen una ensoñación sobre la materia? ¿Saben realmente lo que representa constituir una familia? ¿Pueden responsabilizarse de la salud, de la educación, de la adolescencia de sus hijos? Claro, si las respuestas a esas preguntas son negativas, siempre estará la “lúcida” solución de algunos: “que se encargue la abuela”. Entonces retornamos al párrafo dos, ¿si la responsabilidad termina en la familia, la decisión sobre el derecho es individual o es de este núcleo primario de la sociedad?

¿Los papás se encuentran ausentes de las discusiones? ¿Un signo del abandono de las poblaciones en condición de discapacidad? ¿Una evidencia de la soledad de las madres cabeza de familia en que crece esta sociedad?

En gran mayoría, son las mujeres las que ponen la cara, las que responden. Una situación social compleja, en la cual mujeres solas se multiplican entre el trabajo y la adecuada crianza de sus hijos –algunos con discapacidad-, y lo que se resalta es la exigencia del derecho a la concepción para estas poblaciones, sin análisis de deberes y con el potencial incremento de las dificultades sociales y emocionales por las que atraviesan esas familias. ¿Un reto social se soluciona incrementándolo?

El enfoque integrador de derechos de la población en condición de discapacidad cognitiva, requiere orientarse a que, como el resto de la sociedad, tenga la oportunidad de disfrutar de la totalidad de sus derechos humanos.

En cuanto al derecho a disfrutar una vida sexual responsable y saludable, por supuesto que también aplica un criterio semejante, aunque es necesario considerar el acompañamiento de su núcleo familiar y el reconocimiento que, para estos aspectos, no se trata de la misma condición que puede tener una persona con otro tipo de discapacidad. Además, entendiendo que la vida sexual no se limita al falso dilema, concepción o esterilización. Debemos ampliar el horizonte de la discusión y a la vez entender que la individualidad se debe examinar. ¿En qué entorno viven estas poblaciones? ¿Cuáles son sus derechos individuales prioritarios para una vida con bienestar? ¿Cuáles son los riesgos de una sexualidad irresponsable? ¿Cómo se mitigan?

Lograr una integración social de estas poblaciones necesita de una educación objetiva, en la que se les instruya sobre sus derechos, pero también sobre sus responsabilidades y las consecuencias que implica un disfrute pleno de sus derechos. Ojalá ese hubiera sido el enfoque del programa televisivo, porque la realidad es que el 90% de la población con discapacidad no accede a una institución de educación regular y aún en estas, esos asuntos no se enseñan bien.

Fuente: Columna de opinión tomada de la Fundación Saldarriaga Concha