Salud rural una deuda pendiente
Tenemos una deuda con la ruralidad en Colombia. En repetidas ocasiones esta ha sido la expresión más relevante en documentos técnicos, discursos, ponencias, artículos y entrevistas a nivel nacional e internacional. La deuda en materia de salud es una de las más significativas, pues allí se concentran las mayores inequidades que padece nuestro país en materia de bienestar de las personas.
La salud rural necesita ocupar un lugar prioritario en el debate público y ser uno de los ejes centrales en la construcción de las políticas para los próximos gobiernos. No basta con llevar servicios de salud a lugares apartados; para avanzar en la superación de las inequidades debemos atender los factores sociales que determinan la salud en la ruralidad. Lo anterior requiere de la articulación de las diferentes instituciones junto a la comunidad, para que los modelos propuestos respondan a las necesidades, condiciones y capacidades de cada territorio.
Desde el Observatorio Así Vamos en Salud consideramos que, en esta materia, las principales brechas en las zonas rurales se concentran en cuatro áreas a las que debe prestárseles especial atención: agua y saneamiento básico, salud nutricional, salud sexual y reproductiva, y salud mental.
En materia de agua y saneamiento básico, el recurso hídrico, además de ser el líquido vital para la subsistencia del ser humano, es el ordenador de las poblaciones en las zonas rurales. Como consecuencia de la escasa disponibilidad de recursos y el poco acompañamiento por parte de las entidades territoriales, predominan las bajas coberturas de los servicios organizados de acueducto y alcantarillado, la poca disponibilidad de agua de buena calidad y las deficiencias en el servicio de aseo.
En cuanto a la salud nutricional, llama la atención que, aunque gran parte de la producción de alimentos del país se hace en las zonas rurales, el bajo peso al nacer viene aumentando su prevalencia desde 1995. Esto está relacionado con el bajo peso, la presencia de anemia y la repetición de episodios de infección urinaria de las mujeres durante el periodo gestacional. Existen deficiencias en los esquemas nutricionales, se presentan incrementos progresivos en el precio de los alimentos y los hogares en Colombia cuentan con menos capacidad adquisitiva para su compra.
En relación a la salud sexual y reproductiva, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2015, evidencia una diferencia de seis puntos porcentuales entre el porcentaje de mujeres de 13 a 19 años que alguna vez han estado embarazadas en la zona urbana (12.2%) y la zona rural (18.6%). Se limitan las oportunidades para la construcción de proyectos de vida estables y duraderos, y aumentan los índices de deserción escolar con el consecuente incremento en las condiciones de pobreza de estas comunidades.
El análisis de la salud mental evidencia que el 27,5% de los hogares en el área rural se encuentran en pobreza extrema y que uno de los grandes retos es asegurar el acceso a los servicios de salud mental, teniendo en cuenta que existen altas prevalencias de violencia interpersonal y que además no se cuenta con los sistemas necesarios para la denuncia y atención adecuada, lo cual genera fuertes repercusiones en la condición y calidad de vida de las personas.
Esta mención general, sobre cuatro áreas que consideramos prioritarias desde el Observatorio en materia de salud, resalta la necesidad de profundizar en el planteamiento e implementación de acciones para mitigar los impactos de la inequidad histórica hacia esas poblaciones rurales. La situación que padecen por las carencias que existen en el cuidado de estos aspectos, generan incrementos significativos en la incidencia de enfermedades relacionadas con el consumo de agua y la disposición de excretas, malnutrición, embarazos no deseados y situaciones de violencia interpersonal e intrafamiliar. Paralelo a lo anterior, en muchas de nuestras zonas rurales no existe la capacidad para que estas patologías sean tratadas de manera adecuada, por la carencia de una adecuada atención primaria, lo que termina por mantener un impacto negativo en la calidad de vida de esos compatriotas.
Nuestra ruralidad necesita de bienes públicos. Educación, justicia, seguridad, infraestructura y por supuesto salud. Se debe insistir en el fortalecimiento de la construcción de políticas y programas orientados a la atención específica en zonas rurales, enfocada en las necesidades de los territorios, las que además incluyan la planeación participativa de las comunidades.
Fuente: Columna de opinión tomada de Semana Rural