Editorial: de la carrera solo el cansancio
Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud
El sistema de salud mexicano está fragmentado en tres subsistemas: el público, el privado y la seguridad social, la cual comprende el Instituto Mexicano de Seguridad Social -IMSS- y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -ISSSTE-. Al no ser universal se causan grandes inequidades e ineficiencias para el acceso a los servicios de salud.
En ese marco institucional, a principios del siglo XXI crearon el Seguro Popular de Salud con el propósito de avanzar en la unificación de un sistema más colectivo e igualitario que proteja a toda la población. Las personas más pobres y sin afiliación a la seguridad social se podían inscribir a ese seguro, con lo cual accedían a paquetes de servicios de salud y medicamentos establecidos mediante capitas subsidiadas, financiadas de forma mayoritaria por el gobierno nacional y los gobiernos federales, aunque los ciudadanos aportaban un valor mínimo, casi simbólico. Así se inscribían al servicio público para el ejercicio de su derecho a la salud y para que sus prestaciones fueran atendidas y protegidas. Además, tenían la posibilidad de acceder a las cortes judiciales cuando no se cumplía con el compromiso. El modelo estaba inspirado en la experiencia colombiana del régimen subsidiado, aunque no era exactamente el mismo mecanismo de aseguramiento que tenemos en el país.
Entre los años 2001 a 2018, el Seguro Popular mexicano incorporó con esos paquetes de beneficios a 54 millones de ciudadanos y alcanzó a tener un pico de 57 millones hacia el año 2016. La carencia de acceso a servicios de salud descendió del 58 al 16 por ciento entre los años 2000 al 2015. Este aumento de coberturas se acompañó de una mayor utilización de servicios costo-efectivos que trajeron una mejora en la salud. Sin embargo, subsistía mucha variabilidad en el desempeño entre diferentes Estados y persistían inequidades. La demanda se incrementó, pero no se aumentó el valor de la cápita con las nuevas inclusiones en el paquete de beneficios, ni se modificó por la inflación de salud, tampoco por perfiles de riesgos, con lo cual se erosionó la financiación y la capacidad de respuesta del sistema. Todo esto se podía ajustar y mejorar.
En diciembre de 2018 tomó posesión el gobierno mexicano actual con una promesa de cambio al sistema de salud y el objetivo de llevarlo a ser como aquellos de los países escandinavos. En menos de un año hizo aprobar una ley que eliminó el Seguro Popular, en lugar de fortalecerlo, y lo cambió por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). La discusión para la aprobación acelerada de dicha ley, que hizo un cambio abrupto al sistema, se basó en argumentos ideológicos, sin planeación, sin tener en cuenta la evidencia técnica y científica, y sin haber realizado un proyecto piloto que demostrara la conveniencia o inconveniencia del cambio.
A partir de 2020, con la implantación del INSABI y en menos de dos años, se incrementó la carencia de acceso a servicios de salud del 16 al 28 por ciento de la población: doce puntos porcentuales en promedio, aunque ha habido poblaciones en las que esa cifra ha llegado al 31 por ciento. Las evaluaciones del CONEVAL destacan que, “en contraste con la disminución en el número de personas que se atendieron en estos Centros de Salud, se observó un incremento de 4.2 millones de personas que acudieron a consultorios y hospitales privados, y de 1.5 millones en consultorios adyacentes a las farmacias”. El gasto catastrófico en salud ha aumentado entre el 63 y el 86 por ciento para los hogares pobres, dependiendo del porcentaje de los ingresos que le destinan a la salud (10, 25 o 30 por ciento).
El pasado 25 de abril, el parlamento mexicano, con la amplia participación del partido de gobierno, sepultó el INSABI y trasladó sus funciones al IMSS-Bienestar sin corregir fallas, sin aclarar la transición y sin demostrar que busca igualar los beneficios con respecto al IMSS general. La evidencia expuso que el INSABI destruyó los logros sociales que alcanzaron los mexicanos con el Seguro Popular de Salud; llevó a la pobreza a decenas de millones de mexicanos, incrementó el gasto catastrófico de salud para las poblaciones más pobres y hoy se encuentra muy lejos de la promesa gubernamental de tener un sistema de salud como el de los países escandinavos.
Este proceso político y administrativo nos reafirma el sabio adagio popular: “de la carrera no queda sino el cansancio”. Que no nos vaya a pasar lo mismo con la reforma a la salud que estamos discutiendo en Colombia.