Editorial: y el rancho ardiendo
Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud
Mientras llevamos meses debatiendo sobre la reforma a la salud, su pertinencia y sus consecuencias, la operación del sistema de salud ha seguido en medio de una gran incertidumbre y de alguna manera relegada a un segundo plano de la atención mediática y del propio gobierno.
Este centro de pensamiento publicó la semana pasada en sus redes sociales un breve análisis sobre la situación financiera actual del sistema de seguridad social en salud en este primer trimestre del año. Varios puntos centrales se desprenden de él, que debemos resaltar luego de revisar las fuentes compuestas por cotizaciones, recursos del presupuesto nacional, rentas territoriales y el SOAT, así como los usos de esos recursos.
Las cotizaciones presupuestadas aumentan en valores absolutos, pero como participación dentro del total del presupuesto disminuyen, posiblemente debido al impacto del desempleo por el incremento del salario mínimo. Al corte del primer trimestre, el recaudo por este concepto asciende a $6,5 billones, cifra inferior a la esperada para este período, teniendo en cuenta el comportamiento habitual de años anteriores. Se estima un deterioro de $800 mil millones de pesos con riesgo de incrementarse en los próximos meses.
El SOAT también muestra un deterioro en el recaudo de unos $100 mil millones hasta el momento. Posiblemente por las modificaciones que se hicieron en la tarifa a finales del año anterior. En cuanto a los recursos del presupuesto general de la Nación, el análisis muestra un aumento en la dependencia del sector salud de estas rentas nacionales con la consiguiente mayor emulación con otros sectores. Las rentas territoriales permanecen estables.
En cuanto al uso de los recursos, la revisión ratifica que el mayor componente del gasto se da por la UPC de los regímenes contributivo y subsidiado, seguido por los denominados presupuestos máximos para las atenciones en salud no cubiertas por la UPC y, por último, las reclamaciones por accidentes de tránsito. Se espera ejecutar en este año $ 73,4 billones de pesos por la financiación de servicios mediante la UPC que cubre el 97 por ciento de los procedimientos e intervenciones y el 94 por ciento de los medicamentos aprobados en el país. De acuerdo con los tiempos, la ADRES ha girado en este primer trimestre $ 18 billones de pesos, el 30 por ciento de lo cual lo ha realizado por giro directo a clínicas y hospitales.
Un reto de los usos está en los presupuestos máximos que reconocen el conjunto de tecnologías tales como medicamentos para enfermedades huérfanas, Alimentos de Propósito Médico Especial - APME, Medicamentos Vitales no Disponibles, los nuevos que no tienen alternativa terapéutica en la UPC y servicios sociales complementarios. Como dice el análisis, el cálculo y reconocimiento de este mecanismo no resultó cómo se esperaba. Por diferentes razones, se pagan apenas en 2023, recursos que corresponden a prestaciones de 2021 y están pendientes una gran cantidad de 2022. A la fecha, se estima que, para ponerse al día sobre 2021, 2022 y mantener la asignación de 2023 se requerirían en el presupuesto de ADRES de este año recursos por valor de $5,5 billones. Sin embargo, sólo contamos hoy en el presupuesto con $2,4 billones, de los cuales, al finalizar el primer trimestre, se han ejecutado $1,8 billones (75 por ciento), lo que implica un faltante muy importante para este rubro.
Los gastos totales del SGSSS se estima que lleguen a $ 86,6 billones de pesos en el presente año que representa un déficit de $ 5 billones con respecto al presupuesto. Además de corregir el desfase en el recaudo por cotizaciones y SOAT en cerca de $ 1 billón de pesos como lo refiere el estudio, la UPC tiene que ser recalculada de manera adecuada.
Si a eso le sumamos el impacto financiero de la reforma, que no está bien estimado, pero que en la exposición de motivos el gobierno aprecia en $ 9 billones, la situación puede ser aún más delicada. Porque como lo señala el estudio, es importante tener en cuenta que esas proyecciones no incluyen gastos de infraestructura, formalización laboral, programas de formación, sistemas de información que se requerirían si el proyecto es aprobado como se halla redactado. Necesitaríamos entonces, o más recursos financieros fiscales o disminuir los servicios médicos que están proyectados con cargo a la UPC y a los presupuestos máximos.
“La salud no tiene precio, pero cuesta y hay que financiarla” lo hemos dicho muchas veces; sin embargo, nos concentramos en la discusión ideológica por cambiar o no una institucionalidad, sin tener claridad de cuánto nos va a costar y sin discutir cómo vamos a financiar bien lo que hoy tenemos.