Editorial: las reservas técnicas
Augusto Galán Sarmiento MD. MPA
Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud
Mucho se ha hablado en redes sociales sobre las reservas técnicas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Definitivamente ese no es el mejor escenario para discutir temas que presentan un contenido técnico tan profundo y confuso para los ciudadanos. Menos aun cuando el debate se ideologiza y se trata de utilizar información con fines distintos al análisis objetivo de la situación que se presenta en el sector salud. Aún peor cuando lo propicia un desconocido, con caja de resonancia en el alto gobierno, que no se identifica claramente, tampoco se le conocen sus antecedentes y no demuestra su formación técnica para discutir sobre estos temas.
Desde la ley 100 de 1993 los numerales 6° y 7° del artículo 180 señalan el requisito de acreditar el margen de solvencia que asegure la liquidez y la capacidad de las EPS, y tener un capital o fondo social mínimo que garantice su viabilidad económica y financiera. La adecuada gestión de los riesgos financieros, la articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo para los ciudadanos y la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud, así como la representación del afiliado ante el prestador y los demás actores -sin perjuicio de la autonomía del usuario- necesitan que las EPS cumplan requisitos de habilitación financiera que han sido establecidos a lo largo de los años por las normas legales y sus decretos reglamentarios.
Dicha habilitación contiene tres elementos esenciales: primero, el capital mínimo para operar; segundo, el patrimonio adecuado calculado con criterios que tienen en cuenta el patrimonio técnico conformado por los componentes incluidos en el capital primario y en el secundario; y tercero, las reservas técnicas.
Sobre estas últimas, la norma le determina a las EPS que deben calcular, constituir y mantener reservas técnicas actualizadas mensualmente y acreditarlas ante la Superintendencia Nacional de Salud (SNS). La primera de esas reservas es la de obligaciones pendientes, que comprende los compromisos conocidos y los no conocidos por la entidad, que hagan parte del plan de beneficios y de los planes complementarios en salud. Existen metodologías para establecerlas. El monto de la reserva debe ser el valor calculado o el valor facturado por el servicio que corresponda. En concreto, esas reservas técnicas son para pagar atenciones de consultas, exámenes, procedimientos, intervenciones y/o medicamentos ordenados por un facultativo o atendidos en una institución clínica u hospitalaria.
Existen otras reservas que requieren previa disposición de la SNS cuando los análisis y las mediciones determinen pérdidas probables y cuantificables.
El gobierno actual autorizó el descalce de las reservas técnicas hace unos meses para que las EPS pagaran servicios de salud -contradictorio que venga ahora a cuestionar el agotamiento de estas-. La medida había sido utilizada también por anteriores gobiernos y es una evidencia más de la desfinanciación estructural del sistema de salud. ¿De dónde provienen los recursos de la EPS para tener esas reservas y pagar las facturas médicas? Ya lo mencionamos varias veces: de la UPC y de los presupuestos máximos que reciben de la ADRES; así como de los rendimientos de las inversiones que tengan de su patrimonio. Si las primeras fuentes no alcanzan, como lo vimos en el artículo pasado y es la discusión estructural de fondo, y por otra parte han consumido ya su patrimonio, ¿qué más pueden hacer para sostener las reservas?
Claro, están los créditos bancarios; pero en esta coyuntura tan compleja a la cual nos ha llevado el actual gobierno nacional, la banca ha cerrado las puertas para créditos a las entidades del sector salud. Por supuesto, queda la posibilidad de que los inversionistas y propietarios capitalicen la entidad; sin embargo, es importante tener en cuenta que sólo el 30 por ciento de la población afiliada se halla en 4 EPS realmente privadas y hoy no se encuentra un accionista ni un inversionista que le vaya a poner plata a una de ellas, cuando el propio gobierno ha dicho más de una vez que las quiere acabar en un futuro próximo. El otro 70 por ciento de la población se encuentra afiliado en EPS que no reparten excedentes ni utilidades, no tienen accionistas y son sin ánimo de lucro; ¿quién capitaliza en ellas?
La responsabilidad del financiamiento del sistema de salud es del Estado en cabeza del gobierno nacional y del ministerio del ramo. Las argumentaciones en redes sociales son bizantinas y generan confusión en la población. Muy posiblemente esta es la intención de quienes las promueven. Además, evaden la discusión central sobre la desfinanciación estructural y coyuntural del sistema de salud, la cual, en la medida que se pospone, produce mayor preocupación y angustia en los usuarios y pacientes que padecen el incremento de las barreras de acceso a los servicios de salud.