Recientemente hicimos una serie de reflexiones sobre la paradoja que encierra la buena generación de empleo, creciendo al 4% al corte de junio de 2005, pero en un ambiente de preocupante descenso en las coberturas de seguridad social (nuestro Informe Semanal No.795). La Ley 100 de 1993 pronosticaba que la relación Cotizantes/Población Económicamente Activa (PEA) llegaría hasta el 43%. Hoy registramos con tristeza que dicha cobertura, en vez de incrementarse, retrocedió del 25% en 1993 al 20% en 2005.

Decíamos en dicho informe que existían dos graves problemas derivados de malos arreglos institucionales. El primero tiene que ver con el cúmulo de cobros parafiscales a los cuales están sujetas todas las empresas legales. En vez de reducirlos y eventualmente eliminarlos, como se hizo en Chile desde 1981, en Colombia se optó por incrementarlos en la Ley 100 de 1993 y nuevamente en la Ley 797 de 2003. Hoy un empleador enfrenta un "multiplicador" de costos laborales cercano al 39% por cuenta de los parafiscales; o sea, un 8.4% mas del que tenía en los años ochenta (ver cuadro 1). Esto, obviamente, ha conducido a la elusión de dichas cargas a través de la llamada "tercerización" (outsourcing), donde la costumbre ha sido solo cotizar el primer mes. Así, el 80% de la fuerza laboral en Colombia hoy carece de cobertura en seguridad social, lo cual constituye una vergüenza nacional.

El segundo problema se deriva de las "rentas de destinación específica", un infortunado legado de los años sesentas. En medio del desorden presupuestal, se pensaba que la forma de amarrar recursos para la niñez desamparada era atarlos a alguna fuente "segura". Pues bien, hoy las nóminas empresariales son "inseguras" para tan loable propósito y, de hecho, su desvanecimiento puede amenazar las finanzas del ICBF. Nuestra propuesta de volverlos recursos presupuestales "impajaritables" busca precisamente apuntalar la excelente tarea que cumple el ICBF. ¿Cómo se haría? Pues se le aseguran al ICBF los recursos presupuestales requeridos (tal como lo hacen los países serios), se desmonta el cobro del 3% a las firmas y el gobierno procede a incrementar la tributación general en su equivalente e inclusive en algo mas si el post-conflicto así lo requiere.

En el caso del cobro parafiscal del 2% con destino al Sena debería procederse de igual manera. Algo se ha progresado al permitirles a las empresas reducir su aporte al 1%, si ellas invierten otro 1% en formación de sus trabajadores. El viraje hacia un programa serio de formación técnica en Colombia debe liderarlo el sector privado y apoyarlo el gobierno, por ejemplo, instituyendo los bachilleratos vocacionales. Así, muchos jóvenes aprovecharían mejor esos tres últimos años, preparándose para "gestionar" mejor nuestra economía.

El caso del pago de 4% a las cofamiliares requiere un debate muy a fondo. Si bien dicho esquema pudo tener sentido décadas atrás, el mundo globalizado de hoy exige costos laborales bajos. Además, la mejor forma de luchar contra la pobreza no es dando cuestionables subsidios, sino asegurando la generación de empleo con seguridad social, en primerísimo lugar. Afortunadamente, hoy dichas cajas cuentan con un patrimonio histórico que les debería permitir "volar por sí solas", contribuyendo entonces a disminuir los costos laborales indirectos de cara al TLC.

Estamos convencidos que la reducción de los "subsidios cruzados" en la seguridad social y la sustitución de fuentes presupuestales en el caso del ICBF-Sena resultarían en una mejor dinámica para el empleo y, además, con mejores coberturas en seguridad social. Es imperioso frenar la "expulsión" de la clase trabajadora hacia las "cooperativas" sin seguridad social. ¿Acaso no son evidentes los graves problemas sociales que vienen causando estos malos arreglos institucionales?

* *Reflexiones adicionales a raíz de los editoriales de La República, viernes 19 de agosto, y El Tiempo, martes 23 de agosto.