1. Usted puede llegar a representar el Estado, y es precisamente el Estado quien debe tener la capacidad para reflejar lo que es más prioritario e identificar qué es lo que genera más impacto en la salud de las personas. En ese orden de ideas, ¿usted por dónde comenzaría?

Dentro de las tres funciones que tiene el legislativo está legislar, precisamente y, dentro de eso hay que hacer una ley que reforme la salud y ajuste el tema de las EPS y la distribución de los ingresos. De igual manera, que controle también la ejecución de los recursos de salud y eso se puede hacer a través del control político, pero hay que darle las herramientas al Gobierno Nacional para implementar normas que conlleven a una más eficiente prestación del servicio. Pero, lo que sí tenemos que pedir en esta reglamentación de la ley de la salud es que el Gobierno y la Superintendencia de Salud sean más estrictos en el control de las EPS y de las IPS. Empezaría por el proyecto de ley que se tramita en el Congreso.

2. ¿Qué estrategia tiene planeada para comprometer a las EPS a que asuman su objetivo misional "de gestionar los riesgos en salud" y que el aseguramiento no esté centrado en el manejo financiero?

La EPS, a diferencia del concepto que tiene el Fiscal General de la Nación y de la Corte, es que todos los recursos que provengan de la plata pública, deben ser invertidos en salud y deben tener términos para que los giren a las IPS y a aquellas prestadoras de salud y así, los usuarios tengan una pronta prestación del servicio.

3. ¿Debe primar la autonomía médica (la libertad que tienen los médicos para recetar cualquier medicamento disponible en el país) por encima de las barreras administrativas encaminadas al control del costo para los agentes?

Así debe ser. Pero, por encima de eso, el estricto control del Estado sobre el costo de los medicamentos tiene que ponerlos en cintura para que no exista esa gran diferencia con los demás países latinoamericanos donde Colombia es el país donde los medicamentos son más caros y se le vuelve inaccesible a la población comprar esos medicamentos. De igual manera, a las EPS o IPS suministrar esos medicamentos. Son dos trabajos al mismo tiempo: ajuste del Gobierno Nacional en el control de precios y calidad de los medicamentos y, segundo, la libertad del médico para recetar igualmente los medicamentos que necesite el paciente.

4. ¿Debe mantenerse la figura de la tutela en el sistema de salud?

Desde luego que sí. Nosotros en la ley estatutaria elevamos dentro de los derechos que tienen los colombianos a entenderse que la salud no es un servicio público sino que es connatural con la vida. Es decir, la salud es un derecho elevado en el mismo orden a la vida.

5. ¿Usted tiene propuestas concretas para el Congreso de la República que apunten a que la población pueda llegar a la vejez libre de enfermedad y discapacidad, más aún cuando el país tiene cada vez más problemas cardiovasculares y enfermedades crónicas no trasmisibles como el consumo de tabaco, una dieta malsana, la inactividad física y el abuso del alcohol?

Los países desarrollados encontraron que sale menos costoso el trabajo de la prevención que el trabajo después de la cura cuando ya no tiene remedio o cuando se ha adelantado muchísimo la enfermedad. El tema de la prevención se volvió uno de los canales para desfalcar la salud colombiana y esas es otra de las atenciones que tiene que tener el Gobierno Nacional sobre todo en la red pública y exigirle a la red privada el trabajo sobre prevención.

6. ¿Está usted de acuerdo con la Ley Estatutaria que aprobó el Congreso? ¿Considera que con lo aprobado en esta ley se está garantizando el goce efectivo del derecho a la salud?

La ley estatutaria es sencillamente un estatuto de derechos y deberes del Estado. Derechos de los usuarios y deberes del Estado. Pero, hay que desarrollarla. La gran preocupación de hoy en día es quién va a manejar o quién va a reemplazar el Fosyga o si también va a ser un negocio que lo van a determinar a través de una fiducia y esa es la parte que todavía no nos han dicho a los congresistas.

La ley estatutaria ya está en vigencia, pero la ley ordinaria tiene todavía muchas aristas que hay que analizarlas, desde luego, desde la Cámara de Representantes y el Ministro tiene que resolverle a los congresistas, al país sobre muchos temas que tiene la ley ordinaria.