Informe: Hacia la cobertura universal de salud y la equidad en América Latina y el Caribe. Evidencia de países seleccionados.

A lo largo de las tres últimas décadas, muchos países de Latinoamérica y el Caribe (LAC) han reconocido a la salud como un derecho humano y han actuado de acuerdo a ese reconocimiento. Varios países han modificado su Constitución a fin de garantizarles a sus ciudadanos el derecho a la salud. La mayoría ha ratificado las convenciones internacionales que definen la aplicación gradual y equitativa del derecho a la salud como una obligación del Estado. 

Sobre la base del marco jurídico ampliado que rige estos nuevos derechos, las exigencias a los sistemas de salud han aumentado en forma sostenida para responder mejor a la prestación de servicios médicos asequibles que satisfagan las necesidades de la población. En consecuencia, los países han llevado a la práctica políticas y programas encaminados a lograr la cobertura universal de salud (CUS), es decir, asegurar que todas las personas puedan recibir los servicios que necesitan sin exponerse a dificultades financieras.

Un componente clave de esas políticas ha sido la preocupación por lograr mayor equidad. Aunque en el último siglo en América Latina y el Caribe han mejorado mucho los resultados en materia de salud, las inequidades en este ámbito persisten entre los países y dentro de ellos. En la mayoría de los países de la Región, los pobres tienen mayores probabilidades que los ricos de padecer de mala salud y menos probabilidades de utilizar los servicios básicos de salud, como la atención preventiva, necesarios para evitar problemas de salud y detectar las enfermedades con prontitud. Al mismo tiempo, el perfil demográfico y epidemiológico cambiante de la Región, en particular el envejecimiento de la población, ha desplazado la carga de morbilidad hacia las enfermedades crónicas, que han aumentado en todos los grupos de población, lo que impone una mayor demanda generalizada de servicios de salud.

El énfasis en la equidad no es exclusivo del sector de la salud. En el transcurso del último decenio, la Región de América Latina y el Caribe, que por mucho tiempo estuvo cubierta por desigualdades persistentes en la distribución de la riqueza, ha registrado una notable transformación social. Las políticas sociales, que abarcan reformas en el sector de la salud, se han ejecutado en un contexto de redemocratización y de crecimiento económico estable lo que ha dado lugar a un aumento en el ingreso familiar, reducciones drásticas de la pobreza y disminución de las desigualdades económicas en la mayoría de los países. Una clase media en ascenso y un electorado competente han exigido inversiones mayores y más eficaces en el sector de la salud y otros sectores sociales que, una vez logradas, tienen el potencial de aumentar el capital humano, activar un mayor crecimiento y reducir la pobreza, con lo cual se crea un ciclo virtuoso (Ferreira y otros, 2013).

Lo que queda claro de investigaciones anteriores (Savedoff et al, 2012), y que fue confirmado por los resultados que figuran en este informe, es que el aumento del financiamiento mancomunado y un énfasis en la equidad son condiciones necesarias para avanzar hacia la CUS. Todos los países del estudio registraron un aumento del financiamiento público para la salud como una proporción del producto interno bruto (PIB), mientras que la mayoría aumentó la cobertura de los mecanismos de mancomunación financiados en gran parte, si no totalmente, con ingresos generales que priorizaban o se destinaban explícitamente a las poblaciones que carecían de la capacidad para pagar. En la mayoría de los países, el compromiso político se tradujo no solo en asignaciones presupuestarias más elevadas, sino también en la aprobación de leyes que protegían el financiamiento de la salud al establecer niveles mínimos de gasto y asignar impuestos específicos para la salud. Hasta los países que no adoptaron esas medidas permanentes se alejaron parcialmente de los presupuestos por insumos y partidas presupuestarias y utilizaron las transferencias per cápita, derivadas algunas veces de cálculos de costos actuariales. Estos mecanismos reducen la incertidumbre en el financiamiento.