Acabar las EPS
Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud
En los primeros 45 años de la seguridad social en Colombia, hasta 1992, la cobertura del aseguramiento en salud alcanzó al 23 por ciento de la población. Había dos regímenes: el primero; el privado, el Instituto de los Seguros Sociales-ISS; con afiliados asalariados que cotizaban un porcentaje de su salario y recibían servicios sin atenciones a las familias, salvo a la conyugue durante el embarazo, y al bebé el primer año de vida. El 16 por ciento de la población se encontraba en ese régimen.
El segundo; público, en el que se congregaba a los empleados asalariados del sector, con servicios asistenciales semejantes al ISS; afiliaba en CAJANAL y otras cajas de prestaciones sociales y empresas estatales al 7 por ciento de la población.
Nuestra seguridad social en salud cubría entonces a menos de la cuarta parte de la población del país.
Veintinueve años después de la reforma de 1993, la cobertura de la seguridad social en salud alcanza al 99 por ciento de la población. El 48 por ciento se encuentra afiliada en el régimen contributivo, que esencialmente es la ampliación del antiguo ISS y CAJANAL; al cual las personas cotizan de su salario o de sus ingresos independientes y la cobertura es familiar con un amplio plan de beneficios. El 47 se encuentra en el régimen subsidiado, financiado con recursos públicos y de solidaridad del régimen contributivo y con idénticas coberturas al primero. El restante 5 por ciento se halla en tres regímenes especiales: del magisterio público, de empleados petroleros estatales y de miembros de las fuerzas militares; con coberturas iguales a los de los regímenes contributivo y subsidiado.
En resumen, durante estos últimos veintinueve años se ha cuadruplicado la cobertura del aseguramiento en salud y se han ampliado sustancialmente los beneficios de servicios de salud que cubren a toda la población en iguales condiciones y responden al derecho a la salud consagrado en nuestra Constitución.
Indiscutible logro social que se ha alcanzado por acción del Estado, con la contribución, en gran medida, del trabajo de las Entidades Promotoras de Salud; sí, las vilipendiadas EPS que tantos señalamientos causan, pero que han respondido al reto de cubrir con el seguro de salud a la población. Afiliación de los ciudadanos, gestión de sus riesgos financiero y de salud, organización de la red de servicios para su atención, son las funciones principales que por ley deben cumplir.
Para finales del siglo pasado existían más de 350 EPS y Administradoras del Régimen Subsidiado-ARS. Sin duda demasiadas en esos primeros años después de la reforma; y las ha habido de múltiples condiciones: públicas, privadas, mutuales, mixtas, indígenas; buenas, malas, regulares, pésimas. Por esa variedad y sus funciones no entendidas, han sido señaladas de ser una carga para el sistema de salud, que supuestamente no agregan valor. Sin embargo, cumplen una tarea esencial, que no es grata y es difícil de reemplazar.
Hoy existen alrededor de 35 EPS en el país. Se ha depurado la proliferación que existía y seguramente desaparecerán más hasta que queden las mejores, que tampoco pueden ser muy pocas. Se han incrementado las exigencias que se les imponen para su operación, lo cual está bien, pero se debe mejorar el equilibrio financiero del sistema que es débil.
Nuevamente se escuchan voces para acabarlas. Nuevamente, quienes lo plantean no presentan una alternativa clara y adecuada para reemplazarlas. ¿Qué entidad las sustituiría en esas funciones clave? ¿Las secretarías de salud? ¿A cuál nivel? ¿Departamental y Distrital?
Las experiencias de creación y administración de EPS por parte del sector público en el país no han sido buenas; todas se han quebrado, y las pocas que existen se encuentran en la proximidad de hacerlo. Las propuestas de quienes plantean acabarlas no tienen un sustento claro y técnico sobre las implicaciones de un cambio semejante; se perciben como un salto al vacío que pone en riesgo los logros y avances que el sistema de salud ha tenido en estos 29 años.
A todas las EPS se les debe exigir mejores servicios con mayor calidad. Se les debe reclamar transformación digital centrada en el ciudadano, que facilite el acceso oportuno a los servicios cuando se requieren y permita un sistema de información integrado. Se les debe pedir el cumplimiento de altos estándares financieros con normas estables. Además, ellas deben tener mayor autorregulación. Estos factores permitirán que subsistan las mejores para que el sistema de salud proteja con mayor calidad, eficacia y eficiencia a la población en sus riesgos de salud.