Corrupción en la salud: un reto malsano
La corrupción indigna, y más cuando se produce con recursos públicos que se destinan al cuidado de la salud. Es un intolerable, que produce un estigma para erradicar de este sector en Colombia.
El flagelo de la corrupción se halla extendido. Lo encontramos diariamente en los medios de comunicación por noticias en diferentes países del mundo. Lesiona el progreso de naciones. En las menos desarrolladas captura la institucionalidad; en las más industrializadas se ven comprometidos ministros, presidentes o primeros ministros. La democracia se halla desacreditada en el mundo, en parte porque muchos dirigentes políticos han demostrado su proclividad a apropiarse de los bienes públicos en beneficio personal.
En junio del 2011, la Comisión Europea adoptó un paquete muy comprehensivo contra la corrupción, con un reporte bianual. El sector salud de los 28 países de la Unión Europea tiene un capítulo significativo en ese informe por la vulnerabilidad que enfrenta. Las áreas evaluadas tienen que ver con la prestación de servicios de salud, la entrega y certificación de dispositivos médicos y la entrega y autorización de medicamentos.
Los investigadores consideran que la corrupción en el sector salud de esos países es una práctica muy difundida. En el año 2009 las naciones europeas gastaron en salud entre el 3 y el 11 por ciento de su PIB. Y cálculos de Gee, Button y Brooks para el 2011 estiman en 56 billones de euros la pérdida anual por corrupción en el sector, aunque algunos consideran especulativa esta cifra.
En esas naciones existen diversos sistemas de salud; unos públicos y otros mixtos por la intervención privada. Sin embargo, en todas impacta en grado significativo la corrupción.
En el Barómetro Global de Transparencia Internacional del 2013 se estudió la percepción de corrupción de doce sectores en 107 países, el de salud incluido.
Además, la investigación realizó preguntas sobre victimización de la corrupción, al inquirir si durante el año anterior el entrevistado o un miembro de su familia habían pagado un soborno para recibir servicios de salud.
De América Latina incluyeron 10 países en el análisis. Colombia ocupó el desafortunado primer lugar entre esas naciones hermanas, con el 63 por ciento de percepción afirmativa sobre corrupción en la salud. Ante la segunda pregunta, solo el 7 por ciento confirmó el pago de un soborno para acceder a servicios de salud, con lo cual desciende al quinto puesto, empatada con Argentina y superadas ambas por Venezuela (15), México (10), Bolivia (9) y Perú (8). Colombia tiene el diferencial más alto entre percepción y victimización, con 56 puntos porcentuales, y Argentina el más bajo, con 19.
¿La excesiva mediatización influye en estas cifras?
Claro que la percepción desborda la realidad. Pero es que medir transparencia y corrupción no es fácil. De hecho, en Colombia no tenemos indicadores que nos permitan evaluar con objetividad ese flagelo. Lo que podemos decir con estas cifras es que la desgracia de la corrupción en la salud afecta a todos los países, sin importar el modelo de sistema que tengan. Evitarla o contrarrestarla depende más de la condición humana y de la fortaleza que exista en la capacidad de vigilancia, control y sanción sobre su accionar.
No se trata de apelar al “mal de muchos, consuelo de tontos”. Debemos eliminar la corrupción del sector salud, no hay duda de ello; y un aspecto importante para lograrlo demanda medir con objetividad el alcance que tiene y en dónde se encuentran los mayores riesgos. No es sencillo hacerlo.
Requerimos de estudios serios y evaluaciones sistemáticas para investigar la cadena de agentes del sector, desde el proceso de afiliación, pasando por la gestión del fondo financiero común, por el accionar de las EPS, las IPS y la industria de dispositivos y medicamentos; además se debe revisar las modalidades de contratación, la relación médico-paciente y la de estos con las instituciones. Es clave estudiar la operación de las entidades territoriales y de la autoridad sanitaria nacional.
Todos en el sector salud debemos contribuir a aclarar la dimensión real de corrupción que existe en su interior, para establecer mayores controles sobre los riesgos, determinar responsables y sancionarlos, y para superar la estigmatización a la que han querido reducirlo, en contradicción con la inmensa mayoría de sus trabajadores que se dedica a generar bienestar para la población.
Fuente: Columna de opinión tomada de Portafolio