Editorial: la ADRES: ¿el renacer del Seguro Social?
Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud
Una revisión de la entrevista que concedió el pasado jueves 26 la ministra Corcho a un medio radial muy conocido, en la sección de un periodista igualmente reconocido, deja entrever que la propuesta de reforma que viene para el sistema de salud apunta a la creación de un nuevo Seguro Social con 50 millones de afiliados.
En primer lugar, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES- asumiría las funciones que hoy cumplen las EPS; es decir, se debería encargar de la gestión integral de los riesgos en salud y pasaría de tener los oficios de tesorería del sector salud a las responsabilidades de la única y más grande EPS del país.
En segundo lugar, la financiación sería tripartita: el aporte del gobierno mediante la suma de diversos impuestos generales, el aporte de las cotizaciones de los trabajadores asalariados e independientes con capacidad de pago y el aporte de las cotizaciones de los empleadores. Así se financiaba el antiguo Seguro Social, de manera tripartita; aunque la parte de la financiación que correspondía al gobierno nacional antes de 1993 en la práctica se eludió, lo que constituyó en una de las causas de desfinanciamiento de esa entidad.
En tercer lugar, toda la población colombiana debería estar afiliada al sistema a través de la ADRES. Uno de los grandes logros de la reforma de 1993, la ampliación de cobertura del Sistema General de Seguridad Social en Salud que pasó del 23 por ciento en 1992 al 97 por ciento hoy, sería asumida en su totalidad por este nuevo Seguro Social -los regímenes especiales no están dentro de esta contabilidad-.
En cuarto lugar, la ADRES tendría una Junta Directiva de conformación tripartita (hoy no existe): representantes del gobierno, de los empleadores y de los trabajadores estarían sentados en ella. Esa era justamente la conformación de la Junta o Consejo Directivo que tuvo el antiguo Seguro Social a lo largo de su historia.
En quinto lugar, la ADRES crearía seccionales en diferentes ciudades y regiones del país para administrar la salud de la población en los respectivos territorios y se encargaría de realizar los contratos con las clínicas, hospitales, centros de atención básica y consultorios que prestarían los servicios requeridos por las personas. Esa era la estructura y la operación con la que contaba el antiguo Seguro Social hasta que desapareció.
En sexto lugar, se establecería un manual único de tarifas obligatorio para regular la contratación entre la ADRES y esas instituciones prestadoras de servicios de salud. El antiguo Seguro Social contaba con un manual de tarifas que fue incorporado, junto con otros manuales de tarifas, como referentes no obligatorios para la contratación entre las EPS e IPS en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
En séptimo lugar, se establecerían auditorías médicas de pares que vigilarían la pertinencia en las atenciones a los pacientes. Algo de lo cual también se hablaba en la época del antiguo Seguro Social.
Si lo que está planteado no es un nuevo Seguro Social, se le parece demasiado.
Si esa es la opción de cambio para realizar la gestión de riesgos en salud que ejecutan hoy las EPS, surgen preguntas derivadas de la experiencia que se tuvo con el antiguo Seguro Social.
¿La transformación que se propone es migrar de un grupo de alrededor de 20 EPS privadas, públicas y mixtas a un monopolio estatal de una EPS con otro nombre?
¿Se consideraría entonces que el monopolio del Estado es más técnico, profesional, eficiente y transparente que el trabajo de los privados y cooperados?
¿No estaríamos asumiendo un riesgo muy grande de perder los logros que se han conseguido de protección financiera y de salud para la población?
¿Es esta opción la óptima para mejorar desde el punto que se ha alcanzado en la gestión integral de los riesgos en salud y proteger mucho más la salud de la población?
¿Podría ese nuevo Seguro Social, administrado por el Estado, desarrollar la capacidad institucional para atender 50 millones de habitantes cuando no la tuvo al alcanzar 6 o 7 millones de afiliados?
¿Cómo se evitarían los riesgos de politización, ineficiencia, desfinanciación y corrupción que contribuyeron a que ese antiguo Seguro Social desapareciera?
¿Cuál es la evidencia que responda a las preguntas anteriores?
Como se habrán dado cuenta, este artículo se encuentra redactado en un tiempo verbal condicional, debido por supuesto a que no tenemos todavía un texto definitivo del articulado que nos permita hacer afirmaciones. Mantenemos la expectativa sobre ese proyecto.