Editorial: la Corte actuó y la subcomisión se acabó

Augusto Galán Sarmiento MD. MPA 

Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud 

La Corte Constitucional, sin voto unánime, declaró inexequible el decreto de emergencia social en la Guajira. La posición mayoritaria compuesta por seis votos validó la decisión. Con ella además se concedieron efectos diferidos de esta determinación por el término de un (1) año, contado a partir de la expedición del Decreto 1085 de 2 de julio de 2023, y de manera exclusiva con respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua.

Para el sector salud de la Guajira y del país este fallo de la Corte genera un impacto importante. Ya no se puede continuar con el proyecto de reforma a la salud de iniciativa del Gobierno Nacional, que se estaba implementando en esa región a partir de un decreto extraordinario, derivado de la declaratoria de emergencia contenida en el Decreto mencionado. La operación del sistema de salud en la zona debe volver a la situación previa.

La reacción del Gobierno Nacional fue previsible desde la mañana del 2 de octubre cuando se hizo pública la determinación de la Corte Constitucional. Propició la terminación abrupta de la subcomisión accidental de la Cámara de Representantes, a la cual se le habían planteado dos días más de deliberaciones; y endureció la posición con respecto a la reforma al sistema de salud que tiene trámite en esa célula legislativa. De esta manera precipitará una deliberación y eventual votación sobre el articulado propuesto en la ponencia que fue radicada ante la plenaria de la Cámara.

Buscará una aprobación acelerada y hasta imprudente. Su búsqueda se concentrará en lograr un triunfo político, lo cual no significa el mejoramiento del sistema de salud ni el alivio en el día a día de usuarios y pacientes, quienes muy posiblemente encontrarían mayores barreras de acceso y dificultades para obtener los servicios de salud, si esa reforma, como está proyectada y redactada, se aprueba de manera definitiva en el Congreso.

Porque a pesar de las modificaciones que ha tenido el precario texto que fue radicado en febrero de 2023 por la anterior ministra -cambios que esencialmente han sido de redacción, cosméticos y plenos de verbos blandos- las preguntas que se han hecho usuarios y pacientes del sistema de salud no han sido respondidas aún en ese articulado.

Porque la pregunta que hizo Teresa[1] hace 12 meses, en ese municipio a 40 minutos de Boyacá cuando apenas se insinuaba la Reforma, - “¿Es que nos vamos a volver todos del Sisben?”- todavía no ha sido respondida. Como tampoco han sido contestadas las inquietudes que hizo entonces sobre las capacidades que tiene el hospital público de su pueblo para atender sus necesidades, ni ¿quién se haría responsable de su navegación dentro del Sistema en caso de requerir atención especializada? y menos ¿quién controlaría que no le cobren un pago adicional para que la atiendan, si el que recibiría el médico o la clínica no lo consideran suficiente según el criterio de ellos?

La ambigüedad interpretativa de los textos, que nos planteaba Gladys[2] hace unos meses, continúa, porque como ella decía “…; con el texto del proyecto de ley nos obligan a las personas a la adscripción en un Centro de Atención Primaria en Salud (CAPS), que puede ser público, privado o mixto, cercano a nuestro hogar, y que si necesito con urgencia puedo ir a otro CAPS cerca de mi trabajo; pero a la vez nos dicen que continuaremos afiliados a lo que serían las Gestoras de Salud y Vida (GESAVI), las entidades que reemplazarían a las EPS actuales. Si la GESAVI tiene a su vez un CAPS, a ¿dónde debemos ir? ¿A cualquiera de ellos? ¿cualquiera de ellos se va a responsabilizar de mí? ¿lo harán todos? ¿mi información la van a compartir o la van a fragmentar? ¿solo podremos ir a aquel con el cual mi GESAVI tenga un acuerdo de voluntades que es como llamarán los contratos? ¿Las GESAVI tendrán acuerdos de voluntades o estos serán sólo entre las clínicas, los médicos y los hospitales que forman la red y no habrá quien haga responder a esa red por nuestra atención?”

Este ha sido un proyecto de reforma cuya discusión se ha concentrado en las funciones de los agentes y las entidades que operan en Sistema y en quién maneja la plata. No plantea claras soluciones a los retos de acceso y calidad que confrontan los usuarios y pacientes. Insistimos entonces que es en este punto donde radica la gran debilidad del proyecto de ley; además de la carencia de una verdadera participación ciudadana en el debate, que sea efectiva y no simplemente una formalidad.