Editorial: negacionismo

Augusto Galán Sarmiento MD. MPA 

Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud 

Tres estudios recientes e independientes, realizados por ANIF, Así Vamos en Salud y un grupo de reconocidos investigadores, economistas independientes de organizaciones académicas, que fue publicado por el observatorio del Grupo de Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia (GES); todos ellos basados en la evidencia, nos muestran que el deterioro del sistema de salud continúa en materia grave.

De acuerdo con el GES “Frente a un incremento decretado del 16,2% para 2023, el ajuste real de la UPC base debió estar en el 23,1% para compensar los desajustes presentados en 2022 y reflejar la inflación realmente ocurrida en 2023, en lugar del 7,5% asumido como trending de inflación en el cálculo del Ministerio. De manera que, para ajustar la UPC a su nivel adecuado en 2023, sería necesario un incremento adicional del 5,9%”.

Desde del año 2022 la sostenibilidad del sistema se ha tornado preocupante, producto del desbalance entre la definición y la necesidad de recursos para su óptima financiación. “La UPC se ha quedado corta en 7,1 billones de pesos entre 2022 y 2023, y debería reajustarse en 7,1%, para evitar que se generen déficits adicionales” manifestó ese mismo grupo de investigadores.

Las estimaciones de ANIF sobre el cálculo de la UPC para las vigencias 2021 a 2024 sugieren que se encuentra subestimado en 2,8 puntos porcentuales promedio anual. Lo que demuestra que existe un desfase con los cálculos del Ministerio de Salud y corrobora lo dicho por el estudio publicado por el GES. Para la vigencia 2025, según estimaciones de ANIF con base a tres métodos diferentes, la UPC debería ser incrementada en 16,4%. Cifra en la cual coinciden los tres estudios, pero no corrige el desfase acumulado de la UPC que se ha señalado.

De otro lado, la revisión hecha por Así Vamos en Salud frente a la vigencia 2023, el resultado operacional del sistema arroja una pérdida que equivale a los 4,6 billones de pesos. Esto se traduce en una siniestralidad de 105,5%. En relación con la vigencia 2024; el resultado operacional al segundo trimestre de 2024 arroja una pérdida que equivale a los 1,9 billones de pesos. Si se tienen en cuenta los resultados en el mismo periodo de 2023 el resultado operacional fue negativo para dicho año, por el orden de los 1,2 billones de pesos.

Sobre las entidades que se encuentran en medida de vigilancia especial o intervención bajo la esfera de la Superintendencia Nacional de Salud, se observa que, al segundo trimestre de 2024, el 50,2% de las pérdidas en el resultado operacional se encuentra en este grupo de EPS.

Respecto al patrimonio, al segundo trimestre del año 2023 el sistema presentó un patrimonio negativo de 2,7 billones de pesos, que al final de 2023 cerró en menos 5 billones de pesos. En el transcurso del año 2024, en segundo trimestre, el patrimonio negativo ascendió a los 6,1 billones de pesos. Lo anterior quiere decir que, en el término de un año, el patrimonio negativo de las EPS en su totalidad incrementó en más del 100%.

Para la vigencia 2024, el presupuesto de gasto fijado por la ADRES para presupuesto máximo a la fecha es de $ 1,8 billones de pesos según la ejecución de las fuentes y usos de los recursos del sistema. El promedio anual por este rubro ha estado en el orden de los 4 billones de pesos, lo que permite evidenciar que falta apropiación presupuestal para cumplir con los compromisos de giro de presupuesto máximo para la presente vigencia.

Es importante señalar que los anteriores datos de 2024 no incluyen los balances de la intervenida Nueva EPS, porque no han sido reportados oficialmente.

En el análisis de AVS, además, las PQRS y Tutelas generadas por la crisis de recursos de aseguramiento, se puede observar que en el primer semestre de 2024 fueron notificadas un total de 781.601 PQRS; un 10,4% por encima de la cifra registrada en el mismo período del año 2023.

El número de tutelas ha aumentado notablemente; el promedio mensual en el primer semestre de 2023 fue 14.951 y el promedio mensual del primer semestre de 2024 fue de 21.269; esto significó un incremento del 42,3%. Las principales causas de estas tutelas siguen siendo problemas de acceso a servicios de salud, especialmente en términos de disponibilidad de citas y tratamientos oportunos.

Toda esta realidad fue negada por los ministros de Hacienda y de Salud en el debate de control político convocado por parlamentarios de la Comisión 7ª del Senado, liderados por la senadora Norma Hurtado. La invitación al análisis técnico sobre la actualización de la UPC fue convertida por los ministros en un espacio de ideologismo político y privación de la realidad sin responder a las preguntas que se les hicieron. El negacionismo puede ir entrelazado al autoritarismo y a las decisiones arbitrarias.