Editorial: un sistema desfinanciado (2)

Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud

Es necesario ponerle números al editorial pasado y resaltar los datos precisos que se desprenden del estudio presentado por este centro de pensamiento en el documento “Los retos financieros del Sistema General de Seguridad Social en Salud” (SGSSS), en el foro organizado el pasado 3 de agosto.

Un primer aspecto para señalar; el presupuesto total establecido para financiar el SGSS en 2023 es de $ 81,6 billones, un incremento de $ 7,1 billones con respecto al año anterior. Sin embargo, la inquietud en este punto radica en la caída que se vislumbra en el recaudo de los recursos, lo que puede afectar el presupuesto previsto. Al compararse con mayo de 2022, el estudio estima que lo recogido por cotizaciones se encuentra $ 1,3 billones por debajo de lo esperado respecto a la proyección para ese mes en el presente año. En cuanto al recaudo por el SOAT, se estima que, para el mismo mes, la caída es de $ 250 mil millones.

La suma de estas cifras es adicionalmente preocupante al relacionarla con la ejecución de los denominados Presupuestos Máximos, destinados a pagar los tratamientos de enfermedades huérfanas y las tecnologías en salud no financiadas con la UPC. De los $ 2,5 billones presupuestados para este costo en el año 2023 por los dos regímenes (contributivo y subsidiado), se han ejecutado a la fecha $ 2,36 billones; el 93% de lo presupuestado.

El segundo aspecto para tener en cuenta se trata de la revisión de los estados financieros de los pagadores (EPS) que, a marzo de 2023, muestra una siniestralidad promedio (el costo pagado por la prestación de servicios de salud) superior al 100 por ciento de la UPC (la prima destinada a pagar esos servicios). A ese porcentaje falta por sumarle los gastos de administración que pueden oscilar, de acuerdo con la norma, entre un 8 y un 10 por ciento adicional. Es evidente que el costo de la salud en el país es cada vez mayor y la UPC requiere ser revisada y eventualmente recalculada.

En el presupuesto general de la Nación se ha planteado una adición para salud de $ 2,0 billones de pesos, que no parece suficiente para cubrir el faltante creciente en la operación ordinaria actual del sistema de salud, derivado de la mayor utilización de los servicios, tanto en las atenciones que se entregan como en la frecuencia de usos de dichos servicios. La operación del segundo semestre de 2023 se ve con mucha preocupación.

El tercer aspecto, y quizá el más estructural de la situación, tiene que ver con que lo descrito hasta este punto es la agudización de un reto de fondo que no hemos resuelto en los últimos 15 años en el sistema de salud. El Plan de Beneficios (PBS), integral, amplio y progresivo que todos queremos, no cuenta con la financiación suficiente para satisfacerlo. A pesar de que en los últimos 25 años el Estado y la sociedad han incrementado sustancialmente los recursos para la salud, hasta llevar a Colombia al segundo grupo con mayor gasto en salud en el mundo con relación al PIB, el presupuesto anual que se destina todavía no es suficiente para financiar ese PBS que nos hemos propuesto.

El Estado colombiano tiene a la fecha una deuda de $ 6,5 billones a los pagadores, que no ha terminado de saldar a pesar de los esfuerzos realizados durante la emergencia económica de 2009-2010, el incremento en la financiación al igualar los planes de beneficio entre 2014 y 2015, y los desembolsos por el Acuerdo de Punto final entre 2018-2020.

La deuda se genera porque la operación cuesta más de lo previsto y las pérdidas anuales se pagan parcialmente con el tiempo, pero se arrastra un remanente que no se termina de saldar. La evidencia de ello se vislumbra en este estudio, al analizar los estados financieros de pagadores y encontrar que el resultado operacional fue negativo en $ 4,3 billones al 31 de diciembre de 2022, lo que se subsanó parcialmente con los rendimientos financieros de sus reservas para finalizar en una pérdida de $ 2,3 billones en ese año. Esencialmente la deuda está determinada por los costos de las enfermedades huérfanas y las tecnologías en salud no financiadas con la UPC, aunque ya vimos que esta última requiere revisión.

El panorama es complejo, pero tiene solución. Hay propuestas desde los sectores académicos y operativos de sistema de salud, que se han hecho en la última década y que requieren la voluntad y el diálogo para lograr ponerlas en ejecución. Trataremos esos planteamientos en la próxima entrega.