Editorial: Vuelta a lo mismo

Augusto Galán Sarmiento MD. MPA 

Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud 

Circulan por redes sociales dos borradores de proyecto de ley para reformar la salud. El primero de ellos, del gobierno nacional, o por lo menos así se ha presentado. El segundo, del colectivo denominado Acuerdos Fundamentales que congrega a la Academia Nacional de Medicina y a otros colegios y organizaciones médicas del país.

El primero es muy semejante, por no decir que igual, a la propuesta presentada por el gobierno nacional hace cerca de un año y medio, discutida en el Congreso y archivada en el Senado de la República en abril pasado. Este proyecto:

• Persiste en dispersar y diluir la gestión de los riesgos financieros, operativos y de salud entre diferentes agentes y no define un único responsable ante el usuario o paciente.
• Conserva la decisión de enfocar la Atención Primaria en Salud (APS) en los CAP´s pagados con subsidios a la oferta con presupuestos históricos definidos por líneas de operación.
• Insiste en reducir a las aseguradoras, o EPS, a simples auxiliares operativas de los CAP´s y las secretarías de salud, con algunas funciones auditoras.
• Mantiene la creación de un fondo único manejado por la ADRES, que se convierte en el único pagador a clínicas, hospitales, laboratorios clínicos y de diagnóstico, así como a los proveedores de medicamentos e insumos.
• Hace confusa la utilización de la UPC como mecanismo de pago para la mediana y alta complejidad y crea una gran barrera potencial de acceso a los servicios de salud entre esos niveles y la atención de la baja complejidad.
• No muestra estímulos a la calidad y los que existen se desvanecen.
• No tiene claridad para definir la ruta del paciente en medio de tantos responsables (las secretarias de salud, los CAPS´s, las Gestoras, el Ministerio), además de los comités y unidades territoriales que crea.

En otras palabras, esta propuesta del gobierno no está pensada en torno a los usuarios y pacientes, elimina el aseguramiento individual y crea el denominado aseguramiento social que es un eufemismo; el cual encontramos materializado, como ejemplo, en la implementación del nuevo modelo del FOMAG, de público y aciago conocimiento. Representa entonces un retroceso en los avances adquiridos por los colombianos en materia de salud en los últimos 30 años. Con este proyecto el gobierno nacional mantendría su visión, a pesar de lo ocurrido en el Senado y en contravía de la visión mayoritaria del sector salud y de los colombianos.

Por su parte, el proyecto de ley de Acuerdos Fundamentales fracciona también la gestión integral de riesgos para los usuarios y pacientes. Porque, aunque mantiene un gestor único de los riesgos operativos y de salud en la mediana y alta complejidad, en cabeza de las denominadas gestoras, le entrega la gestión de los riesgos financieros a la ADRES, -como lo hace el proyecto del gobierno nacional- e igualmente centra la Atención Primaria en Salud (APS) en los CAP´s pagados con subsidios a la oferta con presupuestos históricos definidos por líneas de operación; modalidad de pago que ya demostró ser ineficiente, insolidaria e indiferente a la calidad. En cuanto a la organización de las redes integrales e integradas de prestación de servicios estarán definida por las clínicas, hospitales y demás prestadores lo cual propicia la integración horizontal, con riesgos de “cartelización”, consiguientes ineficiencias y posible insostenibilidad del sistema, aunque su gobernanza la plantea compartida con las entidades territoriales.

En este proyecto tampoco encuentran los usuarios y pacientes su ruta clara, pues igualmente puede quedar fraccionada entre el nivel de baja complejidad y los niveles de mayor complejidad.

Como señalamos en el editorial pasado, la clave de la discusión se encuentra en “consolidar un aseguramiento en salud que cohesione lo individual con lo colectivo; lo privado con lo público; lo poblacional con lo territorial”. Insistimos que esto se requiere para que prevalezca la protección individual de un seguro en salud que integre la gestión de los riesgos de las personas con la gestión de los riesgos de sus comunidades. Las dos propuestas que circulan en la última semana no lo logran. Ojalá surja una que sí lo haga.