Elegir o no elegir
Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud
Una política integral para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres gestantes debería contener al menos los siguientes puntos: la divulgación clara de las opciones que tienen disponibles durante y después del embarazo; la eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que se les presentan; la existencia y apropiación de los instrumentos de prevención y planificación del embarazo; el desarrollo de programas de educación en materia sexual y reproductiva para todas las personas; medidas de acompañamiento a las madres gestantes que incluyan la adopción, entre otras; y medidas que garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias de gestantes que deseen abortar.
En ese mismo orden y redacción se encuentra el aparte final del comunicado de prensa sobre la sentencia del día de ayer de la Corte Constitucional que declaró exequible parcialmente el artículo 122 del Código Penal y le renovó al Congreso de la República la solicitud para que cumpla su responsabilidad y legisle sobre una política integral de salud sexual y reproductiva en el país.
Pero la mediatización, el sensacionalismo y los intereses particulares se han concentrado en señalar que “la Corte Constitucional colombiana legalizó el aborto”, cuando lo que plantea es una visión integral sobre el manejo de un tema muy complejo que afecta física, mental y emocionalmente a las mujeres. Entonces surgen los juicios de valor y las visiones de superioridad moral y ética. El asunto es mucho más retador que resumirlo de esa forma en un titular de prensa o en unas discusiones sociales.
Hasta ayer, a la mujer se le penalizaba por un problema de salud pública. Podía ser condenada a la cárcel, o cuando menos judicializada por tomar una decisión basada en su libre determinación, en su libertad de consciencia a la cual tiene derecho. Esa acción judicial que prevalecía, además de injusta ha sido inequitativa, ya que ha afectado de manera predominante a las mujeres más pobres y vulnerables.
En Colombia se atienden alrededor de 6 mil partos anuales en niñas menores de 14 años; la violencia oculta detrás de esta cifra es enorme y vergonzosa. La tasa específica de fertilidad en las mujeres de 15 a 19 años se encuentra aún por encima de 52,7 por mil en 2020 y una niña menor de 19 años tiene hasta cinco veces más posibilidades de quedar embarazada si vive en la zona rural que en la urbana. El feminicidio ha aumentado en el país y el número de abortos clandestinos se estima por cientos de miles cada año, con todos los riesgos y engaños que ello conlleva, aunque las cifras no son claras por obvias razones. Esto ocurre en medio de un acceso restringido a los servicios de salud sexual y reproductiva en muchas regiones del país, por barreras en la operación del sistema, pero también por presiones contra las mujeres, bien por sus parejas o por condicionamientos sociales que persisten.
Lo anterior descrito son muestras de la indefensión en que se encuentran las mujeres ante las diversas formas de exclusión y violencia doméstica, que no sólo es física, sino mental, así como en muchos casos de dependencia económica y otros órdenes. A lo anterior, se le agregaba hasta ayer la sombra de persecución del aparato judicial que adicionalmente incrementaba por temor las barreras de acceso a los servicios de salud.
Con su fallo, la Corte no estimula el aborto, sino que protege a la mujer, le reconoce el derecho a su libertad de consciencia y despenaliza la práctica hasta la vigésima cuarta semana de gestación, plazo que se puede considerar razonable para que la mujer sea debidamente atendida con calidad por los servicios de salud y de protección social, que deben estar dispuestos para el caso.
Con su decisión la Corte ayuda a abrir la puerta para un acceso más ágil y sin limitaciones a los servicios preventivos y de intervención de una política integral de salud sexual y reproductiva como la descrita en el primer párrafo de este escrito, con la cual busquemos que todos los embarazos en el país sean deseados.
El Congreso de la República no puede seguir pasando de agache y mucho menos los parlamentarios pueden venir ahora a rasgarse las vestiduras ante un fallo proferido por la Corte Constitucional, que se encuentra acorde con el espíritu de la Carta y que además les renueva a ellos un mandato de establecer esa política integral, ante lo cual, hasta el momento, han sido incapaces de cumplir.