Ríos de desidia
El campo colombiano no cuenta con suficiente agua potable, tampoco alcantarillado ni adecuada disposición de residuos. Sin embargo, todos sabemos que el agua es sinónimo de vida y salud. Además, históricamente ha sido el principal ordenador de los territorios; alrededor del recurso hídrico se empiezan a construir los centros urbanos y se organizan las poblaciones, especialmente en las zonas rurales.
A nuestras áreas rurales, la surcan cientos de miles de ríos y quebradas; Colombia es una potencia hídrica. En esas regiones campestres y dispersas habita un volumen considerable de población que enfrenta características particulares frente al uso y acceso del recurso hídrico. En esas zonas donde mayor disponibilidad existe, se evidencian las principales brechas en materia de agua y saneamiento básico: la calidad, usos y disposiciones finales de este bien son inadecuados y afectan la calidad de vida de las personas.
En la ruralidad del país encontramos bajas coberturas de los servicios de acueducto y alcantarillado, agua de mala calidad y deficiencias en el servicio de aseo. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida – ENCV del DANE, del periodo comprendido entre los años 2011 y 2016, el servicio de acueducto mantuvo una cobertura cercana al 60 por ciento, mientras que el acceso a servicio de alcantarillado era del 17 por ciento; estas coberturas son significativamente bajas en contraste con aquellas reportadas en las áreas urbanas donde la extensión de acueductos se acerca al 100 por ciento de la población y en el caso del alcantarillado se encuentra en el 90.
El índice de riesgo de calidad del agua – IRCA, en las áreas rurales del país es preocupante. Para el año 2016 tan solo el 8.6 por ciento de los municipios en estas zonas se encontraba sin riesgo, un 33.6 por ciento se hallaba en algún grado de riesgo, un 3,7 se consideró inviable desde el punto de vista sanitario y un 54,1 por ciento no realizó reporte.
Así, el problema no radica exclusivamente en las coberturas; los bajos niveles en las zonas rurales evidencian un déficit cualitativo de la vivienda, así como pobreza y deterioro de la salud de la población, especialmente en niños menores de 5 años. El abastecimiento adecuado de agua apta para el consumo humano es muy necesario para evitar casos de morbilidad por diversas enfermedades como el parasitismo, el cólera y la enfermedad diarreica aguda, que en un 80 por ciento de los casos se transmiten por agua contaminada, según la OMS.
La baja cobertura, el escaso seguimiento a la calidad de agua que consumen las personas y la falta de infraestructura adecuada para la disposición final de los residuos, refuerzan las condiciones irregulares de acceso y evidencian la falta de control por parte de las autoridades sanitarias. Estos factores elevan el riesgo de afectar la salud de las personas y obliga además a los servicios de salud a disponer mayores recursos para la atención médica y la recuperación de la población enferma.
Si bien uno de los principales fines de la actividad del Estado colombiano es la solución de las necesidades básicas insatisfechas en la población mediante el desarrollo de bienes públicos -entre ellos la garantía de agua potable y el saneamiento básico- la falta de disponibilidad de servicios de buena calidad en las áreas rurales refleja la desidia estatal en esas zonas del país. Los esfuerzos para mejorar las condiciones de salubridad de las personas en la ruralidad han sido insuficientes y muchas veces provienen de inversiones comunitarias o empeños locales que no son equitativos y tampoco han permitido reducir la brecha existente.
Se requiere una política pública decidida a subsanar esta gran inequidad que existe en nuestro país y buscar los recursos necesarios para ampliar las coberturas de acueducto y alcantarillado, apoyados en las instancias de gobernanza, la participación local y la comunidad. Estas acciones deben ir acompañadas de programas que fortalezcan el cuidado de fuentes de agua y ecosistemas, así como el seguimiento a los reportes de calidad y programas accesibles de tratamiento del agua y adecuada disposición de los residuos. Estas acciones son vitales para garantizar el desarrollo sostenible del país y tener poblaciones más saludables.
Fuente: Columna de opinión tomada de Semana Rural