¿Una apertura precipitada?
Augusto Galán Sarmiento MD.MPA
Director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud. Exministro de Salud
Una mezcla de reacciones ha producido la decisión del gobierno nacional de abrir el país a la actividad normal luego de quince meses de pandemia. Por una parte, los sectores comerciales, industriales y financieros han evidenciado su satisfacción por las medidas contenidas en la Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud. En contraposición, el sector de la salud y en especial los médicos, epidemiólogos y salubristas, hemos expresado inquietudes, dudas y rechazo por la determinación.
La clave de la Resolución está en el Índice de Resiliencia Epidemiológica creado por la dirección de Epidemiología del Ministerio. Servirá para regular la apertura, lo cual no ha quedado claro ante el público en general. No es sino mirar el inicio de cualquier noticiero y la expresión que queda es la del retorno pleno e inmediato a la actividad normal, aunque dicen con desaire que “no nos debemos confiar ni bajar la guardia”.
La realidad técnica es que el índice determinará la gradualidad de la apertura. Consiste en una fórmula que mide en los municipios el avance del porcentaje de vacunación, la tasa de seroprevalencia del virus en la población ajustada por la razón de juventud, la capacidad instalada de los servicios de salud especialmente de unidades de cuidado intensivo y el testeo trimestral promedio de pruebas diagnósticas. Se publicará quincenalmente.
Cada uno de esos factores tiene un peso porcentual que para la vacunación representa el cincuenta por ciento de la fórmula. La escala final se encuentra entre cero y uno, en donde el uno lo tendrá el municipio más resiliente que será el que mayor apertura podrá disfrutar con medidas que las autoridades locales definirán y controlarán dentro del marco de la Resolución.
Muchos expertos cuestionan el índice que puede resultar en una sobreestimación de la resiliencia municipal por dos razones: la primera, porque a más pruebas PCR y de antígeno baja la letalidad y aumenta la fracción del índice; la segunda, porque no basta con testear sin identificar los contactos de los casos y todos se aíslan. La duda entonces es ¿por qué no se incluye el rastreo y el aislamiento en el índice? ¿qué pasó con el MEGAPRASS?
Pero más allá de los aspectos técnicos y su pertinencia, la pregunta que surge es si la población atenderá las indicaciones derivadas de las decisiones municipales producto del resultado del índice en su territorio o se dejará cargar por la fatiga y esa oleada mediática y social que parece llevar a pensar que la pandemia terminó porque hay una Resolución que induce a considerarlo así.
La apertura del país con bioseguridad es una medida necesaria. El virus Covid-19 no se va a ir y debemos aprender a convivir con él; no podemos estar encerrados de por vida y las pérdidas económicas han sido inmensas. Sin embargo, el momento de la pandemia en el que se toma la decisión no se juzga el más adecuado, agravado por el paro nacional, las movilizaciones y el descontento social; aunque muchos no descartan que justamente esas hayan sido las razones para adelantar la determinación.
Nos encontramos en el peor pico de la pandemia que ha persistido en una meseta de mortalidad superior a los 400 casos diarios desde hace más de siete semanas (más de 500 al día desde hace dos); algo no visto en los dos anteriores picos. De seguir así, superaremos la barrera de los 100 mil fallecidos por Covid-19 antes de finalizar junio, quince meses después de iniciada la pandemia en el país. Como referencia, el mayor número de fallecidos por una enfermedad se había presentado en 2019 con 38 mil casos por infartos cardíacos.
Se entiende la molestia y preocupación de los profesionales de la salud ante esta Resolución que estimula la movilización de la población en medio de un entorno complejo de la pandemia, con restricción de insumos médicos, el sistema de salud en linderos del colapso, sus trabajadores desgastados ante la avalancha de casos Covid-19 y frustrados porque así no se puede atender bien ésta y otras patologías. Fuimos formados para evitar las muertes evitables y esta es una de ellas.
La gestión de la pandemia no puede quedar delegada al autocuidado de la población, aunque es vital que individuos y familias lo cumplan. Las cuarentenas se agotaron, necesitamos aislar los casos positivos o con síntoma y sus contactos, eso es el PRASS que debe funcionar porque hasta ahora ha sido limitada su acción. El gobierno nacional, las autoridades territoriales y las empresas son responsables de monitorearlo con estrictez, así como las medidas de bioseguridad y los aforos autorizados. Requerimos negociación y acuerdo con el comité de paro. Por último, y no menos importante, la implementación de la vacunación tiene que acelerarse aún más.